En una casa semivacía, en el Guasmo Sur, en Guayaquil, habita Víctor Fariña (38 años). Él vive junto a Billy, su hijo de 10 años; su madre Raquel Vélez, de 70 y su hermano Geovanni, de 30. El hogar actualmente es mantenido por este último, cuando logra conseguir un empleo como soldador.
En la refrigeradora hay pocos alimentos. El día que recibió a este diario solo había un pedazo de pollo y carne; tres limones, una cebolla colorada y granola que le regalaron a Billy, en la escuela. “A veces trato de que ellos coman, aunque yo no”, dice Fariña, uno de los desempleados tras el cierre de los negocios de juegos de azar.
Cuatro meses y medio después del despido, no cobra una liquidación: espera USD 1 280. Ni encuentra empleo. Sus 14 años como mensajero en Bingo Don Toribio, que funcionó en la avenida 9 de Octubre, centro Guayaquil, parecieran no ser un soporte para calificar a alguna vacante.
Tampoco ha accedido a un cupo en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), ofrecido por el Gobierno, porque, según dice, sus ex jefes no lo inscribieron. Para ayudar en el hogar ha vendido muebles, electrodomésticos y partes de su camioneta. Recién ingresó al mundo del reciclaje: recolecta botellas de plástico para venderlas.
La gerenta del desaparecido bingo, Norma Prócel, está convencida de que el pago debe ser asumido por el Gobierno.
“Que le pague el Presidente, ya que fue él quien los puso en la calle”, dijo al ser consultada sobre los procesos de liquidación de su personal. Y se negó a dar mayor información a este Diario.
Los juegos de azar fueron prohibidos en el país por mandato constitucional, luego de que en mayo del 2011 se lo decidió por mayoría en una consulta popular.
El pasado 16 de marzo fue el último día de labores de los casinos legales y en octubre del 2011 de los ilegales. 7 500 empleados, según el Ministerio de Relaciones Laborales, laboraban en estos dos tipos de negocios. De ese total, 1 200 enrolados en salas de juego aún no reciben su liquidación por despido intempestivo.
Por ese motivo, el pasado 3 de julio el Gobierno envió un proyecto de ley para la Defensa de los Derechos Laborales a la Asamblea, para el pago de los ex trabajadores de la compañía Invermun, a la que estos pertenecían.
Los trabajadores de bingos y casinos legales no están amparados por la Ley, aunque están convencidos que sí. Tanto Fariña como sus 63 ex compañeros de Don Toribio esperan que se les pague sus haberes. “Queremos que el Estado nos ayude, porque no tenemos para pagar a un abogado”, alega.
Lo mismo señala Fernanda Albán, de 27 años, quien trabajó cinco años y siete meses en el mismo bingo que Fariña. Hace 10 días dio a luz a su segundo bebé. El niño mayor tiene 3 años. Con la ayuda de su hermano David (19 años), quien trabaja como ayudante de cocina, ha podido subsistir. Ella tampoco ha cobrado su indemnización, a pesar de los ofrecimientos de sus ex patronos de que tendría el pago.
Pero la oferta fue incumplida. Como no podía hacer uso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tuvo que acudir a la Maternidad del Guasmo por una atención gratuita. “Si no tuviera la ayuda de mi hermano, no sé qué hubiera sido de mí, porque soy madre soltera”. Ahora solo le quedan USD 30 de sus ahorros.
La angustia también la viven quienes sí recibieron liquidación, pero que siguen desempleados. Zoila Cruz, de 33 años, fue indemnizada con USD 4 945 por el casino WWTS, donde trabajó cinco años. Hoy su sustento es el trabajo esporádico de su esposo.
Polémica por acción de repetición
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, mostró su “malestar” por la posibilidad de que funcionarios de la entidad tengan que pagar por los haberes no cancelados a los ex trabajadores de salas de juego cerradas.
El pasado 25 de julio, la Comisión de lo Económico de la Asamblea incluyó dentro de la transitoria de la Ley de Defensa Laboral, relativa al pago de la indemnización a los ex empleados de las salas de juego de Invermun, el denominado derecho de repetición. Este no es otra cosa que cobrarle al funcionario público el daño producido a un ciudadano.
“Entendemos que la acción de repetición, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución, procede cuando el Estado debe indemnizar una suma X por responsabilidad de un funcionario. En este caso, la indemnización a pagar, ¿Qué tiene que ver con la misión del SRI?, nada… Tratan de decir que por responsabilidad de la entidad no se ha pagado a los trabajadores” , dijo Carrasco.
El funcionario señaló que la entidad tributaria ha actuado conforme a su competencia con relación a las firmas dedicadas a los juegos de azar: desde el inicio de su gestión “ha realizado 40 actos administrativos, incluidos auditorías, a casinos y salas de juego”.
Para el legislador Ramiro Terán, miembro de la mesa de lo económico, estos procesos pueden haberse hecho, pero entidades como el mismo SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales, etc,. debieron actuar enérgicamente en el cobro de tributos y de deudas laborales del personal de Invermun.
El espinoso tema se analiza hoy durante el segundo debate y votación del proyecto de Ley, que se lleva a cabo desde las 09:30 en el Pleno. Allí se analizará, además, el caso de los cobros de haberes, por entidades públicas con capacidad coactiva, para los representantes principales de una empresa, así como a sus herederos.
7 500 empleados estaban enrolados en 32 empresas, de las cuales 12 eran ilegales y el resto legales. Estas últimas liquidaron a sus ex trabajadores con USD 7 millones.
1 200 trabajadores laboraban en las empresas ilegales Profeseries y Viña Carolina (antes Invermun). Manejaban el 80% del mercado. Están pendientes los pagos.
800 personas trabajaban en siete casinos que funcionaban de forma legal en Guayaquil. Entre ellos: El Casino Sol, del Hotel Sheraton y Fantasy, del Hotel Oro Verde