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Las criptomonedas quedaron incorporadas al sistema de intercambio automático de información tributaria con otros países, tras la emisión de la resolución NAC-DGERCGC26-038 del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicada en el Registro Oficial el 4 de noviembre de 2026.
La normativa actualiza el marco regulatorio para incluir activos digitales y criptomonedas dentro de los mecanismos de reporte e intercambio de información financiera internacional. El cambio es relevante porque establece nuevas obligaciones para que las instituciones financieras e intermediarios de servicios digitales emitan esos reportes y permitirá al SRI acceder a información relacionada con estas operaciones.
La resolución NAC-DGERCGC26-038 expide las normas con el fin de actualizar el sistema de intercambio de información financiera internacional para incluir inversiones realizadas mediante activos digitales y criptomonedas. Hasta ahora, al tratarse de inversiones generadas en el exterior, no existía una conexión automática de esos activos con el SRI.
Paola Flores, catedrática de la UIDE, dice que la resolución “representa un hito de fiscalización internacional” al alinearse con estándares internacionales avanzados. A su criterio, la medida deja claro que la administración tributaria ya no considera a las criptomonedas en una zona gris y que cualquier ganancia o capital oculto en el exterior, ya sea fiduciario o virtual, debe generar un tributo en Ecuador.
El asesor tributario Pablo Villegas explica que el intercambio automático de información tributaria con otros países no es un mecanismo nuevo. Dentro de este esquema, bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones financieras deben identificar y reportar determinadas cuentas vinculadas con residentes fiscales de otros países.
Villegas señala que cuando una persona abre una cuenta bancaria o actualiza sus datos, una entidad financiera podría solicitar información relacionada con su residencia fiscal. Si únicamente es residente fiscal ecuatoriano, la cuenta no debe reportarse por esa sola circunstancia. Sin embargo, si también mantiene residencia fiscal en otro país, la situación puede variar.
La nueva resolución establece procedimientos para la implementación del Estándar Común de Reporte (CRS) y del marco de reporte sobre criptoactivos. Además, reemplaza normativas anteriores y obliga tanto a instituciones financieras tradicionales como a intermediarios de servicios digitales radicados o con operaciones vinculadas a Ecuador a recopilar información sobre la residencia fiscal y los saldos de sus usuarios para reportarlos al SRI.
Uno de los principales cambios es la incorporación obligatoria del ámbito cripto dentro del control tributario.
Según Flores, las plataformas de intercambio de criptomonedas y los intermediarios que operen por cuenta de terceros deberán identificar la residencia fiscal de sus clientes y reportar sus transacciones Rentas Internas.
Esto significa que, si una persona realiza operaciones con criptomonedas en una plataforma y es residente en Ecuador, las ganancias obtenidas podrán ser reportadas a la administración tributaria para la respectiva declaración del impuesto a la renta.
La resolución también contempla el rastreo de operaciones de intercambio de activos digitales. Esto incluye los casos en que un usuario convierte criptomonedas a dólares o intercambia un criptoactivo por otro.
Asimismo, se prevé el seguimiento de utilidades generadas por la venta o enajenación de estos activos. Esas ganancias deberán declararse en el impuesto a la renta como ingresos gravados. La diferencia es que el reporte pasará a ser automático y el SRI dispondrá de un mapeo de esa información.
La información recopilada se intercambiará con una red global de más de 100 administraciones tributarias.
La resolución dispone que el primer reporte formal bajo estas nuevas reglas deberá presentarse en mayo de 2027 y corresponderá al ejercicio fiscal 2026.
La normativa también establece sanciones por incumplimiento:
Además, la información recibida desde el exterior podrá utilizarse para sancionar omisiones en declaraciones patrimoniales mediante multas adicionales equivalentes al 0,5% del valor de los activos no declarados, detalla la experta.
La resolución también fija límites para la actuación de la autoridad tributaria. El SRI solo podrá intercambiar información con países firmantes del Foro Global que mantengan convenios activos con Ecuador.
Además, no podrá exigir información automática a países que estén fuera de las redes de cooperación internacional previstas en estos mecanismos.
La norma también establece que los datos financieros obtenidos tendrán un uso exclusivamente fiscal y tributario. La información estará sujeta a confidencialidad y el SRI deberá mantener estándares de seguridad informática, sin posibilidad de divulgar públicamente esos datos ni transferirlos a entidades locales que no tengan competencia tributaria directa. De esta forma, la resolución incorpora salvaguardas relacionadas con la protección de datos personales.
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