La Contraloría ya investiga las cuentas en la Corte Constitucional

Un día agitado se vivió ayer en varios puntos de Quito a raíz de la denuncia del asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, sobre un presunto soborno a funcionarios de la Corte Constitucional.

En la denuncia del legislador, presentada ante la Fiscalía el pasado viernes, se acusa de cohecho a los nueve jueces de la Corte Constitucional. Y, específicamente, se señala a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la institución, Arturo Larrea, de haber recibido en su cuenta un cheque por USD 500 000 de parte de la Cervecería Nacional.Según la denuncia, ese valor fue depositado el pasado 13 de enero y, días después, el 20, se emitió una resolución a favor de la empresa para archivar una demanda de ex trabajadores, que exigían el pago de utilidades de varios años.

Ante esta denuncia, los nueve magistrados de la Corte, encabezados por su titular, Patricio Pazmiño, se reunieron ayer en el octavo piso de la institución para hacer público su rechazo. “Pedimos a la Fiscalía que se inicie la investigación penal (…). En caso de no establecerse la existencia de un delito, solicitamos la desestimación y archivo definitivo de la denuncia, con la declaratoria de malicia y temeridad”.

Ninguno de los magistrados quiso pronunciarse sobre el polémico caso. El directamente implicado, el Secretario de la Corte, tampoco dio su punto de vista.

El Secretario, segundos antes de que los magistrados se sentaran a dar su declaración a los medios de comunicación, sacó su cabeza por una de las puertas de la sala y, al ver a los periodistas, la metió y no volvió a aparecer.

Solo Pazmiño volvió a referirse al tema señalando que es importante analizar que este proceso no debió dejar de ser judicializado para convertirlo en un tema constitucional. Por tanto, la causa debió haberse seguido en la vía normal, esto es a través del Ministerio de Relaciones Laborales.

Horas más tarde, y luego de una reunión a puerta cerrada, los magistrados remitieron tanto a la Fiscalía como a la Contraloría la autorización para investigar sus cuentas y realizar un examen de auditoría desde el 1 de noviembre del 2009.

El fin de semana, el contralor general del Estado, Carlos Pólit, ordenó que un equipo de esa entidad ingrese a la Corte Constitucional para abrir investigaciones en contra de sus funcionarios. Según las estimaciones del Contralor, el proceso de indagación tardará alrededor de 35 días.

En este escenario, la Cervecería Nacional volvió a negar que se haya realizado un pago para favorecerla en el fallo. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa calificó a la denuncia como de “construcción atrevida” y explicó no ha habido ninguna vinculación con Alfredo Larrea u otros miembros de la Corte Constitucional. “Él es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en varias áreas”.

Mientras tanto, Arturo Cervantes, representante de los ex trabajadores demandantes, reiteró que la “Cervecería violentó la Constitución al comprar conciencias de varios funcionarios corruptos”. De esta manera, dijo que seguirán al detalle la investigación que realicen tanto la Fiscalía como la Contraloría sobre esta denuncia.

Además, anunció que los ex trabajadores llevarán su caso a instancias internacionales, con el fin de que se conozca sobre un proceso laboral que lleva tres años y que lo considera como “injusto”.

La cronología

Jul. 2008

Ex trabajadores de la Cervecería demandan a la compañía ante el entonces Ministerio del Trabajo por el no pago de utilidades. Más personas se sumaron después.

Oct. 2009

Los trabajadores estiman que las utilidades ascienden a USD 90 millones, según información del SRI. El proceso toma su tiempo por los fallos y apelaciones.

5 Dic. 2010

La jueza novena de la Niñez y Adolescencia de Guayas, Manuela Calvas, emitió medidas cautelares contra la Cervecería. Se prohíbe la venta de cervezas Pílsener y Club.

10 Dic. 2010

El juez vigésimo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, desestima las medidas cautelares. Se reinicia la producción.

4 Feb. 2011

El asambleísta Galo Lara denuncia ante la Fiscalía un supuesto pago de USD 500 000 al hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón.