La Contraloría General del Estado remitió un informe a la Fiscalía con indicios penales. La razón es irregularidades encontradas en la contratación de un crédito por parte de la empresa panameña Pegasus, de propiedad de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Fue en 2019 con la intermediadora financiera Koala S. L.
Además, sugiere responsabilidades civiles de USD 1,5 millones por pagos injustificados. Así lo informó el contralor (s) Carlos Riofrío este viernes 10 de febrero del 2023, durante su comparecencia ante la Comisión ocasional por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción de la Asamblea Nacional.
Los antecedentes del caso
Según el informe, en 2018, el gerente general de la Flopec gestionó el proceso de financiamiento, por USD 130 millones. El objetivo fue modernizar la flota naviera adquiriendo dos buques Panamax, tres buques HandyMax y un pequeño navío petrolero.
Esta decisión se adoptó sin contar con la autorización del Directorio de la Flopec y sin que el proyecto sea declarado prioritario, según Contraloría. De esa forma se incumplió lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala el informe.
Luego de suscribir el contrato, Flopec transfirió USD 1 400 000 a la cuenta de un agente de la intermediadora Koala (que no acreditó su representación). El pago fue por los costos de emisión del instrumento financiero.
El procedimiento
Para asegurar estos recursos, la intermediadora debió emitir una póliza de responsabilidad civil por el monto transferido.
Sin embargo, el apoderado general de la compañía (quien utilizó un poder general revocado en 2018 para actuar como representante de Koala) entregó la copia simple de una póliza que amparaba solo a la intermediaria y no incluía a la empresa Pegasus.
Ese documento tenía fecha de noviembre de 2017, con un año de vigencia. Por lo que, al 7 de enero de 2019, fecha en la que se realizó el desembolso, ya no tenía validez, explica Contraloría.
La comisión encargada del proceso de financiamiento aceptó la póliza civil sin considerar su caducidad y sin pasar por la revisión del asesor jurídico externo de Flopec, ocasionando que los recursos públicos desembolsados queden desprotegidos, agrega el informe.
En abril de 2019, el gerente general de la Flopec —y representante legal de Pegasus— informó al apoderado general de Koala el vencimiento del plazo para el desembolso de los USD 130 millones.
En julio del mismo año notificó la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento de las condiciones pactadas y solicitó la devolución del dinero transferido.
Ese año, Flopec contrató dos firmas de abogados para que inicien la localización y las acciones extra judiciales en los Estados Unidos. La intención fue recuperar los fondos pagados por Pegasus a Koala y para presentar una demanda por el incumplimiento del Convenio de Participación y Consecución Crediticia.
El informe de auditoría
En un informe de auditoría se advierte que el gerente jurídico y el gerente general de Flopec aprobaron desembolsos a los bufetes de abogados por USD 126 687. Pero no solicitaron documentación que sustente las actividades detalladas en las facturas por servicios legales.
En total, la Contraloría sugiere responsabilidades civiles por un USD 1 588 515 —correspondiente al monto de los desembolsos injustificados— y multas por USD 61 828.
Las posibles sanciones serán analizadas en el área de juzgamiento, junto con los descargos de los auditados.
Además, se observó que Flopec no cambió el estatus jurídico de Pegasus, de sociedad anónima a una empresa pública o de economía mixta. Por esa razón, incumplió el Régimen de Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que regula a las compañías de propiedad del Estado, ocasionando que los recursos públicos que gestiona no estén reglados por el Derecho Público y bajo la supervisión de organismos de control ecuatorianos.
Asimismo, durante la comparecencia en la Asamblea Nacional, Riofrío precisó a los legisladores que entre 2019 y 2023 se aprobaron 236 informes generales de auditoría y 35 informes con indicios de responsabilidad penal.
Los exámenes se efectuaron en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Petroecuador, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Empresa Nacional Minera (Enami), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y en Tame. En la actualidad, se encuentran en ejecución 51 acciones de control y está planificado iniciar 45 auditorías este año.
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