10 de October de 2011 00:01

Contraloría detectó anomalías en comercio estatal de arroz y harina

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El papel del Estado como importador o exportador de productos agrícolas es polémico.

Así lo muestra una serie de casos que a través de la historia dejaron una estela de millonarios perjuicios durante otros gobiernos. Contaminación con gorgojos, extravío de mercadería, sobreprecios, entre otros, se han registrado, incluso en el actual Régimen.

Precisamente, la Contraloría General del Estado (CGE) ha emprendido investigaciones en los procesos de importación de urea y harina de trigo, y en la exportación de arroz en períodos que van desde el 2008 al 2010.

Sin embargo, los resultados recién empiezan a surgir.

Según datos provisionales de la CGE, el Estado perdió USD 8,7 millones en la venta de arroz a Venezuela entre el 13 de agosto del 2009 y el 27 de mayo del 2010.

En este caso se vendió a precios inferiores a los que el BNF compró o, en su lugar, existen diferencias de hasta USD 22,85 por tonelada de arroz entre el producto contratado directamente por emergencia con tres navieras y los valores fijados en el portal de compras públicas.

El más reciente es el de la importación de harina de trigo. Se trata de USD 2 millones que el Estado pagó como indemnización a la empresa argentina Cargill, porque el Banco Nacional de Fomento (BNF) no ejecutó el contrato para la importación de 21 000 toneladas métricas de harina de trigo. La transferencia fue realizada el 30 de marzo del 2010.

El pago se dio porque antes de la suscripción del segundo contrato, el BNF no contaba con los recursos que el Ministerio de Industrias debía disponer para cubrir los costos por subsidios.

Tras la recomendación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el 15 de julio de 2009, de que “ya no se justifica técnicamente continuar con el subsidio de la harina y, consecuencia (sic) tampoco una nueva importación de harina argentina”, el BNF dejó sin efecto el contrato de 21 000 toneladas de harina.

Pero un día después del pago de la indemnización, Cargill le reconoció al Estado USD 1,4 millones porque tres embarques de harina llegaron al país con gorgojo.

El ex ministro de Agricultura, Ramón Espinel, está entre los 27 funcionarios investigados por Contraloría. Sin embargo, él negó que tuviera participación en esa negociación.

“Debo pensar que alguien está actuando de mala fe. No existe una razón por la cual mi nombre sea el único que aparece en un acto que tiene que ver dos años antes de que fuera Ministro”, dijo.

En ese período mencionado, Walter Poveda era ministro. Sin embargo, no fue posible un contacto con él para que diera su versión.

Para el ex ministro de Agricultura Sergio Seminario, más allá de identificar culpales, lo cierto es que “el Estado no está preparado para importar o exportar productos agrícolas.”. Lo que se ha hecho, asegura, “es confundir responsabilidades”. Es el caso del BNF, que debería dedicarse solo a dar créditos, indica.

Dice que el Estado no tiene una organización que le permita cuidar el producto antes de embarcarlo (en caso de exportación) y al almacenarlo (importación). De allí que Rosa Lema, presidenta de la Corporación de Industriales Arroceros (Corpcom), considera oportuno apoyar a la empresa privada para que, a través de convenios, realice lo que sabe hacer. Es decir: importar, exportar y comercializar.

Los problemas se han registrado desde que el país ingresó a la democracia. Durante la presidencia de Osvaldo Hurtado (1981-1984) se presentó el caso del arroz con gorgojo: unas 20 000 toneladas importadas de Tailandia por las que se pagaron 300 millones de sucres. Es decir, USD 9 millones.

El arroz contaminado ingresó por falta de inspección del producto, según los archivos.

En marzo de 1988 desaparecieron 700 000 quintales de arroz, de la reserva estratégica. Y exactamente una década después, en el gobierno de transición de Fabián Alarcón, 4 000 toneladas métricas de arroz importado desde Vietnam fueron incineradas por tener gorgojo y excremento de roedores. La pérdida: USD 2 millones.

Edna Samaniego, gerenta de Almacenera Almacopio, explica que la presencia del gorgojo es común en todo tipo de granos y productos agrícolas. Sobre todo en climas cálidos y húmedos, como en el caso de Guayaquil.

La cuestión está en que se realicen las fumigaciones, se dé aireación al producto y se almacene en condiciones apropiadas.

Así se puede combatir y eliminar los gorgojos, unos escarabajos-plaga de productos almacenados, que surgen de unas larvas y que se comen la mercancía.

“Si al producto le cae este tipo de plagas, con el procedimiento eficaz y a tiempo se puede recuperar el grano”, añade.

Almacopio, por ejemplo, guardó por tres años una reserva de arroz pilado que el Gobierno compró en el 2008 como reserva estratégica. “El último quintal lo entregamos hace dos meses y se fue sanito”, asegura.

Parte de la técnica está en aplicar pastillas de Gastoxin, que lanzan un gas inmediatamente después de tener contacto con el aire y que controlan la plaga.

“Pero todo ello se logra con la experiencia”, dice. Experiencia que el Estado no adquiere porque los gobiernos de turno ingresan al mercado de forma esporádica, a decir de Seminario.

Entre el 2009 y 2010, la Contraloría determinó, además, pérdidas para el Estado por la exportación de arroz con gorgojo a Venezuela. Este año también se exportó el producto pero sin ganancias par a el Gobierno.

El Gobierno culpa a otros

Freddy Aguilar, gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), considera que la última contaminación de gorgojos en el arroz de exportación no fue originada en la etapa de almacenamiento.

Él cree que  hubo infestación cruzada, es decir, que el insecto estuvo presente en alguno de los camiones que movilizó el producto al Puerto. “Pero en general, si (el producto) está infestado es posible fumigar y recuperar el arroz”, expresó. Sin embargo, prefirió no ahondar en las causas del embarque afectado que debía partir a Venezuela, porque el hecho no sucedió en su gestión.

Lo que sí destacó Aguilar es que el Estado debe expandir la capacidad de almacenamiento, para hacer más eficiente este servicio.

Ello es algo que ya se está realizando, a través del Plan  Nacional de Almacenamiento, con el que se prevé construir nuevos silos y repotenciar los existentes. Actualmente, la capacidad de almacenamiento de la UNA es de 50 000 toneladas, pero con este plan se busca  llegar hasta 150 000.

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