¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El presidente Daniel Noboa anunció el miércoles 3 de junio de 2026 que su Gobierno avanzará en una nueva fase de reorganización administrativa. Esta fase contempla la reducción del número de ministerios de 14 a 10. Según explicó el mandatario, esta medida busca fortalecer la eficiencia del Estado, optimizar la toma de decisiones y otorgar mayores responsabilidades a las autoridades que encabezan cada cartera gubernamental.
La iniciativa forma parte de una estrategia de modernización institucional. Su objetivo es reducir trámites, optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa de la Función Ejecutiva para el período 2025-2029. Sin embargo, el anuncio ha generado interrogantes entre miles de servidores públicos sobre el futuro de los funcionarios en los ministerios que desaparecerán.
En este escenario, especialistas consultados coinciden en que existen distintos caminos posibles para la implementación de la medida, aunque advierten que el impacto final dependerá de la forma en que se ejecute la reorganización.
En julio de 2025, el Gobierno ejecutó un Plan de Eficiencia Administrativa que redujo en un 41% las instituciones de la Función Ejecutiva. Como resultado, el número de ministerios pasó de 20 a 14 y las secretarías se redujeron de nueve a tres.
Ese proceso estuvo acompañado por la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos y la fusión de varias entidades estatales.
Por ello, la nueva reducción ministerial ha generado dudas sobre si el país podría enfrentar un escenario similar o si la reorganización se limitará a una redistribución de funciones dentro del aparato estatal.
La discusión también tiene una dimensión económica.
La Proforma del Presupuesto General del Estado para 2026 contempla 10.079,15 millones de dólares destinados al pago de salarios y egresos de personal del sector público.
Se trata de uno de los rubros más importantes del gasto estatal y de una de las principales obligaciones permanentes del Estado ecuatoriano.
Uno de los escenarios posibles es que la reorganización se concentre en fusionar estructuras administrativas y redistribuir personal hacia otras instituciones.
En este caso, los ajustes podrían enfocarse principalmente en cargos directivos, asesores o áreas donde existan funciones duplicadas, mientras que la mayoría de servidores públicos mantendrían sus puestos dentro de la nueva estructura estatal.
Para Hernán Acevedo, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), el análisis debe centrarse en la capacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas y no únicamente en la reducción del tamaño de la estructura pública.
A su criterio, actualmente existen dificultades visibles en áreas como seguridad, salud, educación, energía y prestación de servicios públicos, donde la demanda parece superar la capacidad de respuesta institucional.
Por ello, considera que cualquier reducción debe realizarse con cautela para evitar afectar la calidad de los servicios estatales.
Otro escenario es que la reducción de ministerios siga una lógica similar a la aplicada durante la reorganización estatal de 2025.
En ese caso, la disminución de estructuras institucionales podría estar acompañada por nuevas desvinculaciones de personal con el objetivo de reducir gastos permanentes del Estado.
Para Alfredo Espinosa, analista político, este es un escenario posible considerando que la reorganización también puede interpretarse dentro de los esfuerzos gubernamentales por optimizar recursos y mantener sostenibilidad fiscal.
No obstante, aclara que reducir ministerios no garantiza automáticamente una gestión más eficiente.
A su criterio, la eficacia institucional dependerá de la capacidad de los equipos técnicos y de las autoridades que permanezcan al frente de las nuevas estructuras administrativas.
Para Ricardo Enríquez Carrera, experto en derecho público, existe un tercer escenario que combina ahorro fiscal con consecuencias laborales y jurídicas que deben ser consideradas antes de ejecutar cualquier reforma.
El especialista considera que Ecuador atravesó durante años un proceso de expansión estatal que derivó en una estructura sobredimensionada. Sin embargo, sostiene que reducir ministerios no necesariamente se traduce en una administración más eficiente.
A su juicio, el problema no está en el número de ministerios, sino en la capacidad de cada institución para cumplir sus funciones.
Enríquez advierte que cuando desaparece una cartera de Estado sus competencias no desaparecen, sino que son absorbidas por otros ministerios. Esto puede provocar una concentración excesiva de responsabilidades y generar dificultades operativas.
El jurista también alerta sobre los costos que podrían surgir de una reducción significativa de personal.
Según explica, las desvinculaciones generan pagos por liquidaciones y terminaciones de contratos, además de posibles litigios judiciales impulsados por funcionarios que consideren vulnerados sus derechos.
En algunos casos, señala, estos procesos pueden derivar en indemnizaciones importantes para el Estado e incluso en órdenes judiciales de reincorporación.
Otro elemento que preocupa al especialista es la capacidad del mercado laboral para absorber a quienes eventualmente sean desvinculados.
A su criterio, el sector privado no está en condiciones de generar de forma inmediata miles de nuevas plazas de empleo que sustituyan las que podrían desaparecer dentro del sector público.
Este medio solicitó una versión oficial al Ministerio de Trabajo para conocer si la reducción de ministerios implicará desvinculaciones, reubicaciones de personal o reformas dentro de la estructura laboral del sector público. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta por parte de la entidad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.