Hoy se vence el plazo para que el sistema bancario cumpla con la disposición del Banco Central (BCE) de mantener el 45% de su liquidez en el país. Los recursos que maneja la banca y, cuyos dueños son los depositantes, han sido invertidos tradicionalmente en el exterior.
Sin embargo, desde marzo del 2009, el Directorio del BCE viene regulando la liquidez del sistema para que una parte se invierta localmente. Y a partir del 27 de febrero pasado, el organismo regulador amplió la base de cálculo para garantizar que existan más dólares disponibles en el país.
Al hacer el cálculo con los datos disponibles hasta abril pasado, la liquidez total del sector bancario alcanzó los USD 7 647,1 millones (ver cuadro). De ese monto el 45% (USD 3 439,6 millones) debería estar en el país.
Sin embargo, el cálculo definitivo aún no se conoce. Diego Borja, titular del Directorio, adelantó días atrás que cinco bancos tienen que cumplir esta regulación, pues el resto mantiene sus recursos en el Ecuador. Estos son: Pichincha, Produbanco, Pacífico, Bolivariano y Lloyds Bank.
Las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB) revelan que hasta abril pasado, la banca tenía en el exterior USD 2 254,2 millones en fondos disponibles.
El 75,6% de esos recursos está en cuatro instituciones: Pichincha (24,7%), Produbanco (17%), Guayaquil (13,4%), Pacífico (10,6%) y Bolivariano (9,9%).
Así también, 12 bancos tienen líneas de crédito con entidades foráneas por USD 442 millones, de los cuales se destacan los bancos especializados en microcrédito, como Procredit, Finca y Solidario. Pero el Banco de Guayaquil es el que maneja el crédito de mayor peso: 276,5 millones, según el órgano de control.
La medida de repatriar los recursos para invertirlos en el país, si bien se está cumpliendo como lo ha dicho Borja, preocupa a los representantes del sector.
En una carta enviada por la Asociación de Bancos Privados al presidente Rafael Correa, el 18 de marzo pasado, se señala que “…el sistema financiero no tendría reparos en colocar una mayor proporción de los recursos depositados en el exterior, si existieran oportunidades de inversión y colocación seguras, que garanticen su recuperación y la liquidez inmediata”.
Entre otras cosas, Fernando Pozo, presidente del Directorio de la Asociación, alerta que muy poco se podrá hacer para neutralizar las “graves consecuencias que la vigencia de esta regulación puede provocar, pues puede afectar la confianza del público sobre la seguridad de sus depósitos (…)”.