El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, cuya negociación concluyó en julio pasado, entra ahora en una nueva etapa de debate, esta vez en el interior del Gobierno, en la Asamblea y en la sociedad civil.
Desde que el Ministro de Comercio Exterior regresó de Bruselas, con la negociación concluida bajo el brazo, los términos del acuerdo fueron difundidos a funcionarios del Régimen y a gremios empresariales. Desde hace una semana, el texto del acuerdo negociado con la UE ya es público, solo para efectos de información, ya que aún requiere revisión legal.
El Ministro de Comercio, que cuenta con el apoyo del Presidente, tiene ahora la tarea de convencer a los asambleístas de Alianza País y otros funcionarios del Régimen sobre las bondades del acuerdo comercial. El primer acercamiento fue la semana pasada y habrá nuevas reuniones para explicar el alcance de un acuerdo que también fue firmado por Perú y Colombia, países que no tienen ningún empacho en llamarlo Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ese término resulta incómodo para el oficialismo, en cuyas filas coexisten grupos que defienden el acuerdo y otros que critican la apertura, y que podrían retrasar el proceso de aprobación en la Asamblea.
Por ahora, el Régimen se ha concentrado en decir que no se trata de un TLC, que se ha protegido a la agricultura, a los campesinos, a la agroindustria, a las pymes. Pero a la par ha reconocido que no había otra opción, que las consecuencias serían nefastas si no se firma, lo cual significa que habrá costos que el Régimen hubiese querido evitar. El principal es la pérdida de preferencias arancelarias, que terminan a fines de este año.
La semana pasada el Colegio de Comisarios de la UE propuso que esos beneficios se prolonguen para Ecuador hasta el 2016 como máximo, mientras el convenio entra en vigencia. La decisión de firmar el acuerdo con la UE es política y está otra vez en manos del Gobierno, como siempre estuvo.