18 de July de 2012 12:54

Por ahora serán detenidos quienes comercialicen TV pagada irregular

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Con el argumento de eliminar la competencia desleal y la evasión de impuestos, el Gobierno quiere endurecer las sanciones a la piratería. Actualmente la prisión se aplica para las personas que comercialicen los equipos ilegales para el servicio de televisión pagada.

Esto se contempla en el artículo 422 del actual Código Penal que señala: “Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, serán reprimidos con prisión de dos a cinco años”.

De igual manera, los ciudadanos que acceden al servicio de televisión pagada  a través de equipos o dispositivos que no provienen de un sistema debidamente autorizado por el Estado violentan las disposiciones prescritas en los artículos 99 y 325 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los usuarios deben reconocer que un servicio de televisión pagada es ilegal cuando las personas que lo comercializan no entregan un contrato de prestación de servicio como ocurre con las operadoras autorizadas.  Además, cuando no cobran al usuario una mensualidad por el servicio o realizan un solo cobro por los equipos.

La prisión para los clientes que adquieran estos equipos y servicios ‘piratas’, sin embargo, deberá esperar un tiempo. Ayer la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) dio a conocer que las personas que accedan a servicio de televisión pagada ilegal serán detenidas. “La sanción es penal por lo que estaría sujeta a prisión", expresó Claudio Rosas,  superintendente encargado.  

Pero, Julio César Hidalgo, director de Investigación de Supertel, aclaró que la prisión para las personas que tengan este servicio de cable ‘pirata’ se llevará a cabo una vez que se apruebe la Ley Reformatoria del Código de Procesamiento Penal, que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional.

El funcionario resaltó que esto se contempla en el capítulo que va en contra de los delitos en los servicios públicos. De ahí que, “cualquier persona que robe un servicio público, telecomunicaciones, agua, electricidad, también va a ser procesado penalmente”, afirmó.

La posibilidad de ir a la cárcel por la compra de estos equipos o servicios ‘piratas’ desató una ola de críticas en las redes sociales, donde los usuarios demandan de las autoridades que las sanciones con cárcel se enfoquen en delitos contra las personas: “Penalicen al sicariato, los asaltos a mano armada, delitos en serio”; “En todo el país las muertes violentas van en aumento y nada que arreglan eso”.

En cambio, otros usuarios defienden  la piratería como una forma de generar competencia en el mercado: “la señal de los decodificadores ‘piratas’ es excelente, tienen canales hasta de corridas de toros para los fanáticos de la tauromaquia y sólo se paga entre USD 150 y 200 por el decodificador y la antena. Sale muchísimo más económico que contratar un operador”; “Si la televisión ecuatoriana tuviera una programación decente y que no insulte el intelecto de las personas no habría necesidad que muchos ecuatorianos pirateen la señal satelital”.

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