27 de January de 2012 00:04

10 000 burócratas quieren su retiro

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No todos los servidores públicos quieren quedarse en sus puestos de trabajo. Un grupo ansía irse de forma voluntaria de las entidades, pero el Estado no accede.

El artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) señala, como casos de destitución definitiva de funciones voluntarias, a los retiros del Estado por jubilación y por indemnización.

Según Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), cerca de 10 000 personas quieren dejar sus cargos voluntariamente. De estas un 35% está en edad de jubilación. “El problema es que no han podido realizar el trámite por dos razones: una, hacen la solicitud y los trámites no avanzan; y dos, la falta de presupuesto”.

Entre estas últimas está María R., quien labora en el área administrativa de una institución de educación superior desde hace más de 30 años. Ella, que busca el retiro por jubilación, explicó que el 19 de abril del año pasado hubo una preinscripción en el sitio.

Unos 300 empleados, según contó, llenaron un formulario para retiro voluntario. Les dijeron que esa lista sería enviada al Ministerio de Finanzas para determinar el pago. Sin embargo, hasta el momento no saben del tema.

“Lo único que nos enteramos, por medio de rumores, es que no hay presupuesto en nuestra institución para pagarnos la indemnización. Por eso todavía seguimos en nuestros puestos de trabajo”.

La Pro forma Presupuestaria para el 2012 establece en la partida 510706 los fondos para el beneficio por jubilación, que alcanza USD 26,6 millones. Mientras que para el retiro voluntario, en la partida 510709, determina un monto de USD 1,9 millones.

Si bien el dinero para el pago de las indemnizaciones está asignado, el número de personas que quiere salir sobrepasa lo que puede pagar el Estado este año.

Lo mismo ocurre en el caso de los servidores públicos sobre los cuales no rige la Losep. Un ejemplo son los maestros, que están regidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Según Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), 4900 maestros, de los 13 000 que están en edad de jubilarse (30 años de servicio y 60 de edad), fueron calificados para acogerse al retiro.

“Desde junio del 2011 fueron inscritos, precalificados y hasta la fecha lo que hicieron fue notificarles que lamentablemente no podían dar paso a la jubilación por problemas de presupuesto.”

La dirigente explicó que, en base a información del Ministerio de Relaciones Laborales, ya existiría la partida para el pago de la indemnización por jubilación. Esta alcanza USD 50 millones.

A los docentes que salgan por este mecanismo se les cancelará cinco salarios básicos unificados (USD 292 cada uno) por cada año de servicio y hasta 150. La misma fórmula se aplica para los burócratas amparados por la Losep que deseen acogerse al retiro por jubilación o indemnización.

Este Diario buscó una versión del Ministerio de Relaciones Laborales sobre el número de trabajadores que se acogieron a estos mecanismos el año pasado y que lo harán este, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Sin embargo, información entregada por la Cartera de Estado, en julio del año pasado, indicaba que 195 trabajadores de la Función Ejecutiva saldrían por jubilación, mientras que del magisterio se esperaban 419. Se estimaba un presupuesto de USD 24 millones para el pago de los haberes.

En las entidades del sector público pocos quieren hablar sobre el tema. Su temor es que sean compradas sus renuncias antes de su jubilación. Uno de ellos es Patricio R., quien señaló que desea retirarse del Estado, pero no quiere salir en ningún medio.

La Federación de Trabajadores Libres de Pichincha, en voz de su titular Mario Morales, confirmó estos temores y habló de inconformidad, en ciertos casos, con los montos para la indemnización.

García asegura que recibió varias amenazas

El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Miguel García, señaló que hoy se dará un nuevo proceso de despidos.

Información del gremio revela que 3 000 funcionarios públicos saldrían hasta febrero. Sin embargo, el Gobierno no ha confirmado si esta cifra es real.

El proceso continuó esta semana. Uno de los despedidos fue Fernando García, hermano del titular de la Fenasep y presidente de la Asociación de Empleados del
Ministerio de Industrias de la regional de Guayaquil, quien  fue notificado la tarde del  pasado miércoles.
 
“He estado recibiendo llamadas de alguien que habla, supuestamente, a nombre del Ministro de Relaciones Laborales, advirtiéndome que me calle y me acoja a un compromiso que firmó la Conasep con el Gobierno... Me dijeron que si yo sigo oponiéndome,  la estabilidad mía y de mi familia estarían en peligro. La tarde de ayer se cristalizó la amenaza”, señaló Miguel García, de la Fenasep.

Espera que cese esta situación y que,  respecto de  los despidos, la Corte Constitucional emita una resolución sobre el proceso de desvinculación.
 
Los sindicatos laborales  no tienen un dato exacto de las entidades en las que seguirán los despidos, pero se habla del Registro Civil,   IESS e Inen.

La posibilidad de retiro se estableció dentro de la Losep
Jul.  2009
La Losep es enviada a la Asamblea por el Ejecutivo. El texto original incluye artículos sobre formas de retiro.

Sept. 2010
La Losep se aprueba en medio de incidentes. El texto establece el retiro por jubilación y con indemnización.

Oct. 2010
El Gobierno aplica la jubilación obligada, aunque hay gente que quiere irse del Estado de forma  voluntaria.

2011 - 2012
Se inician  los despidos en el sector público. El Gobierno dice que hubo    personas que pidieron irse por su decisión.

2012
Empleados buscan acogerse a los mecanismos que establece la Ley. Aspiran que exista el presupuesto.

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