La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep) calcula que cerca de 10 000 burócratas están dispuestos a acogerse al retiro voluntario por edad.
El artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece que los trabajadores menores de 70 años podrán acogerse a este mecanismo. Como medida compensatoria recibirán una indemnización, por una sola vez, de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, a partir del quinto año de labor.
De ahí que según Remigio Hurtado, presidente de la Conasep, el Estado necesitaría USD 396 millones para cancelar las indemnizaciones a los trabajadores públicos que se acojan al mecanismo.
Ese monto se obtiene de la multiplicación del básico de USD 264 por cinco (USD 1 320). Y ese monto por los 30 años de servicio de un servidor, lo que arroja un total de USD 39 600 para cada trabajador. Lo anterior implica que cada persona recibiría 150 salarios básicos, que es tope.
Entre las personas que quieren salir está María Pérez (nombre cambiado), quien contó que se inscribió en un listado que elaboró la entidad donde labora. El objetivo era registrar a las personas que desean acogerse al retiro voluntario y remitir ese listado a Finanzas para que lo incluya en el presupuesto 2012.
“Me gustaría salir ya, pero por el momento me han dicho que no hay dinero. Apenas me garanticen que habrá el pago saldré”.
La misma expectativa tienen los directivos de la Conasep, quienes esperan que Finanzas explique si existe el presupuesto para cancelar a los 10 000 empleados.
A ellos se sumaría otro grupo conformado por los mayores de 70 años, que deben acogerse a la jubilación de forma obligatoria.
El Estado asegura que cuenta con el dinero para cancelar las indemnizaciones por los procesos de reestructuración del Estado.
El Ministerio de Finanzas habla de un monto de USD 140 millones, de los cuales se habrían transferido hasta ahora 10 millones.
Pero la Cartera de Relaciones Laborales señaló que se cuenta con USD 160 millones para las compensaciones de la Función Ejecutiva y de los docentes. Además dijo que se privilegiará la entrega el dinero a quienes se jubilen de manera obligatoria.
Una parte de los recursos se usaría para otros procesos como la compra de renuncias obligatorias, que se estableció en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813.
Los gremios de trabajadores públicos buscan declarar de forma conjunta la inconstitucionalidad del documento. Esta acción ya se dio ayer por parte del Movimiento Popular Democrático (MPD).
Para hoy está previsto que la asambleísta Nívea Vélez cambie el orden del día de la sesión del Pleno para plantear que el Legislativo realice un pedido de inconstitucionalidad del Decreto.
Jubilados, a la espera de una respuesta del Régimen
Los 44 ex empleados de la Universidad Central, que fueron jubilados en noviembre pasado por tener más de 70 años, están a la espera de una respuesta del Ministerio de Finanzas sobre sus liquidaciones. Ellos analizaron su situación en una reunión con Gary Mosquera, asesor del ministro de Finanzas, Patricio Rivera.
“Se escuchó su pedido y se está revisando el caso para darles una respuesta. Esperamos que esto se dé lo más pronto posible”, señaló ayer Mosquera.
Han pasado ocho meses y los ex trabajadores de la Central aún no han recibido la indemnización de cinco salarios básicos por cada año de servicio, a partir del quinto año de labor, según la Losep.
Las autoridades de la Universidad Central dicen que en seis cartas han pedido a Finanzas que entregue USD 5 millones para el pago de los empleados, pero no se ha obtenido ninguna respuesta.
Según Catalina Aulestia, titular de la Asociación de Empleados de la universidad, el Consejo Universitario decidió que nadie mayor de 70 años salga sin que antes existan fondos.
