
Venezuela ha dado este lunes 9 de marzo de 2026 un paso decisivo para desmantelar el modelo estatista que rigió durante el chavismo. La Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, un proyecto de ley de minería diseñado específicamente para atraer inversión extranjera masiva, con un enfoque prioritario en las corporaciones de Estados Unidos.
La normativa, defendida por Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, busca elevar la “seguridad jurídica” mediante la inclusión de mecanismos de mediación y arbitraje independientes. Este punto es clave para los mercados globales, ya que permitiría resolver controversias fuera de los tribunales locales, una demanda histórica de las multinacionales que abandonaron el país tras las expropiaciones de la década pasada.
El avance legislativo no es aislado. Ocurre apenas días después de la visita estratégica de Doug Burgum, secretario del Interior de EE.UU., y el posterior anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas. El viernes pasado, el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 51, que autoriza a empresas estadounidenses a explotar, comprar y comercializar oro venezolano, un sector que permanecía bajo un estricto embargo desde 2019.
Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, ha alineado la política extractiva con las demandas de la administración de Donald Trump. Tras ceder control operativo en áreas petroleras y decretar amnistías políticas, Rodríguez busca ahora una relación de “largo plazo” con Washington basada en el sector energético y la minería de las llamadas “tierras raras”, minerales críticos para la tecnología moderna.
Pese al optimismo oficial, la reforma enfrenta críticas severas. Desde el exterior, la Premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, denunció que el estado Bolívar —corazón minero del país— sufre una “devastación criminal” producto del modelo extractivo. “Nuestras selvas y ríos están devastados; comunidades enteras acabadas”, sentenció Machado, quien permanece fuera del territorio nacional tras recibir el galardón en Noruega.
A estas críticas se suma la ONG SOS Orinoco, que calificó la nueva licencia estadounidense como un mecanismo que podría “blanquear la riqueza criminal”. Según la organización, no existen garantías de supervisión real sobre lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 112 000 km² donde grupos irregulares y daños ambientales han sido documentados por años.
La ley deberá superar ahora un segundo debate artículo por artículo. De sancionarse, marcaría el fin definitivo de la nacionalización minera de 1976 y abriría un nuevo capítulo en la geopolítica de los recursos naturales en Sudamérica.
Información externa Minería en Venezuela