La presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. Foto: EFE
El Tribunal Supremo español investigará y, en su caso, podrá enjuiciar a los seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Después de que el pasado viernes el Parlamento catalán aprobara la declaración unilateral de independencia de esa región española, la Fiscalía acusó ayer, 30 de octubre de 2017, a Forcadell y a los miembros independentistas de la Mesa (órgano de gobierno de la Cámara).
Todos los acusados pertenecen a la coalición gubernamental Junts pel Sí (JxSí) -formada por independentistas de centro y por republicanos de izquierda- y un miembro del grupo CSQP (izquierda), en el que está incluido la marca de Podemos en Cataluña.
El Ministerio Público considera que dieron una “falsa apariencia de legalidad” al proceso independentista y tramitaron leyes como la del referéndum, que “solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada”.
Afirma, además que actuaron en un “concierto de voluntades” con el Gobierno regional de Cataluña para llegar a la declaración formal de independencia, obtenida “por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público” y en contra de la Constitución y “los fundamentos del Estado Español”.
En magistrado encargado de investigar la causa en el Supremo es Pablo Llarena, que deberá decidir si cita a los investigados y otras diligencias que pueda realizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares si se las pidiera el fiscal.
El Supremo se considera competente para investigar la denuncia ya que Forcadell y los otros cuatro querellados tienen un fuero especial al mantenerse como diputados, como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán (órgano que mantiene la actividad de la Cámara hasta que se lleven a cabo las nuevas elecciones.
Además, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana, por lo que sería competente el Supremo, como tribunal que tiene competencia sobre todo el Estado.
La Fiscalía ya denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de septiembre a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluido su presidenta, que votaron a favor de admitir a trámite las leyes del Referéndum y Transitoriedad, que pusieron en marcha el proceso independentista.