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Perú llegó a la segunda vuelta presidencial con una pregunta que va más allá del nombre del ganador. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan una elección ajustada, pero quien asuma el poder el 28 de julio de 2026 enfrentará un problema que ha marcado la política peruana durante la última década: la relación con un Congreso que ya intervino en la salida anticipada de varios presidentes.
La elección todavía no tenía un resultado definitivo este lunes 8 de junio de 2026. El conteo oficial mantenía una diferencia estrecha entre Fujimori y Sánchez, mientras los votos rurales y del exterior podían incidir en el desenlace.
La incertidumbre electoral ocurre en un país que ha cambiado de presidente de forma recurrente y que no ha logrado estabilizar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Con el 94,714% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori por una diferencia mínima: 50,07% frente a 49,92%. La ventaja, de 27 517 votos, mantiene abierta la definición presidencial mientras aún quedan actas pendientes y otras por revisión electoral.
👉 https://t.co/T23UOXFfjP 🇵🇪 Roberto Sánchez saca ventaja a Fujimori en las elecciones de Perú hasta las 14:30 pic.twitter.com/KpI4bBpba5
— El Comercio (@elcomerciocom) June 8, 2026
El próximo presidente de Perú no llegará solo con el reto de gobernar un país polarizado.
También deberá construir una relación mínima con un Parlamento que, en los últimos años, se convirtió en un actor decisivo para la supervivencia de los gobiernos. La Constitución peruana contempla la vacancia presidencial por varias causales. Una de ellas es la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso.
Esa figura, prevista en el artículo 113, ha estado en el centro de varios episodios de crisis política reciente. El mecanismo no significa que el ganador pueda ser removido de manera automática.
Para que exista una vacancia, el Congreso debe activar un procedimiento político y alcanzar los votos necesarios. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que un presidente sin respaldo legislativo suficiente queda expuesto a una gobernabilidad débil.
La crisis peruana no comenzó con esta elección. En 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la Presidencia antes de enfrentar una nueva votación de vacancia.
El Congreso aceptó su dimisión y declaró la vacancia del cargo, lo que permitió que Martín Vizcarra asumiera la Presidencia. Vizcarra tampoco terminó el periodo. En noviembre de 2020, el Congreso aprobó su vacancia por incapacidad moral permanente.
La decisión abrió paso al breve gobierno de Manuel Merino, quien dejó el cargo días después, en medio de protestas y una nueva crisis política. Pedro Castillo, elegido en 2021, también salió del poder antes de completar su mandato. El 7 de diciembre de 2022, el Congreso declaró su vacancia por incapacidad moral permanente después de que Castillo anunciara la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de excepción.
La sucesión llevó a Dina Boluarte a la Presidencia. Boluarte tampoco logró cerrar el periodo presidencial. En octubre de 2025, el Congreso aprobó su vacancia con una amplia mayoría. La decisión confirmó que la herramienta de la vacancia seguía como una vía política de alto impacto dentro del sistema peruano.
La salida de los presidentes peruanos no ocurrió bajo una sola fórmula. Kuczynski renunció antes de una nueva votación de vacancia. Vizcarra, Castillo y Boluarte salieron mediante decisiones del Congreso. Merino renunció tras una fuerte presión social y política. Esa diferencia importa porque evita reducir la crisis peruana a una sola explicación.
El problema no se limita a la existencia de la vacancia presidencial. También se relaciona con la fragmentación legislativa, la debilidad de los partidos, los bajos niveles de aprobación de las autoridades y la dificultad para construir mayorías estables.
La inestabilidad peruana muestra una tensión permanente entre legalidad constitucional y crisis democrática. El Congreso puede actuar dentro de sus atribuciones, pero el uso frecuente de mecanismos de remoción presidencial ha convertido cada conflicto entre poderes en una posible amenaza para la continuidad del gobierno.
El artículo 113 de la Constitución peruana permite declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física. Esa causal ha generado debate porque el concepto de incapacidad moral deja margen a interpretaciones políticas.
En la práctica, esa figura ha servido para resolver choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también ha profundizado la percepción de inestabilidad. Cada intento de vacancia aumenta la presión sobre el gobierno actual y reduce el margen de negociación del presidente.
Por eso, el próximo mandatario no solo necesitará ganar la elección. También deberá sostener una relación legislativa que le permita aprobar reformas, evitar bloqueos y contener eventuales intentos de remoción.
La segunda vuelta peruana ocurre en un escenario de alta desconfianza ciudadana. La inseguridad, la economía y el desgaste institucional marcaron la campaña. Pero el fondo de la elección también está en la capacidad del sistema político para garantizar que el próximo presidente pueda gobernar.
Perú no enfrenta únicamente una disputa entre dos candidaturas; enfrenta una prueba para su democracia. El país debe definir si el nuevo gobierno podrá completar el mandato o si la Presidencia volverá a quedar atrapada en una relación de confrontación con el Congreso.
El ganador heredará un poder formal, pero no necesariamente estabilidad política. En Perú, la elección presidencial ya no cierra la incertidumbre; apenas abre una nueva etapa de negociación con el Congreso que, en los últimos años, demostró que puede marcar el inicio y el final de un gobierno.
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