Una fotografía de cadáveres amontonados sobre camillas y en el piso de la atestada morgue de la capital de Venezuela, publicada por el diario El Nacional, provocó un nuevo choque entre la prensa y los órganos del poder político.
Un tribunal prohibió el martes a El Nacional publicar “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes”.
Además el diario -uno de los más antiguos y de mayor circulación en el país- puede ser multado con hasta 2% de sus ingresos anuales brutos. Otro diario caraqueño, Tal Cual, que publicó la foto en solidaridad con El Nacional, también puede ser multado, y más medios de comunicación recibirán sanciones o prohibiciones si prosperan las medidas solicitadas por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el gubernamental Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Como respuesta, ayer diario El Nacional colocó imágenes en blanco en su portada y escribió en rojo la palabra ‘censurado’. Las dos páginas interiores de Sucesos también aparecieron en blanco.
“Si aquí hubiese una foto, usted vería a un padre llorando por un hijo que ya no tiene. Si aquí hubiese otra imagen, usted vería a dirigentes políticos exigiendo en el Cicpc (la policía) cifras de lo que se puede publicar”. Así rezaban los pies de fotos colocados debajo de las imágenes en blanco.
“Estamos censurados, esto es inconstitucional y atenta contra la libertad de expresión”, protestó Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional en una entrevista radial ayer en la mañana.
La foto, publicada el pasado 13 de agosto, data de diciembre de 2009. “La publicamos porque consideramos que era el momento indicado” y su intención fue “crear un shock para que la gente reaccionara ante la violencia”, argumentó Otero, en Twitter.
En Caracas hay unas 50 muertes violentas cada fin de semana y en todo el país los asesinatos superaron los 16 000 en 2009, según cifras extraoficiales que convierten a Venezuela en el país más violento de la región.
“Una cosa es debatir si es adecuado o ético publicar imágenes fuertes para llamar la atención sobre un tema, y otra que, con el alegato de proteger a los adolescentes, se avance contra medios independientes y se llegue a la censura previa”, dice Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, dedicada a defender la libertad de expresión. La Constitución venezolana prohíbe expresamente la censura en cualquier medio de comunicación y difusión, aunque advierte que quien haga uso del derecho a expresarse “asume plena responsabilidad por todo lo expresado”. Los contenidos que pueden divulgarse en medios audiovisuales están controlados, principalmente en cuanto a horarios para su difusión y, según Correa, “el Gobierno y los demás poderes quieren hacer un trasvase hacia los medios impresos”.
Óscar Misle, de la organización Cecodap, con décadas de trabajo a favor de la infancia, indica que “la fotografía publicada en la portada de El Nacional es, por una parte, dantesca e inadecuada, pero, por otra, simplemente desnudó una situación que estamos viviendo en el país y sobre la que debemos reflexionar”.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, sostiene que “la foto es muy dura, pero demuestra una situación real en el país, que es la morgue atestada de cadáveres ante el desborde de la delincuencia”.
La inseguridad ciudadana y la galopante cifra de homicidios son el telón de fondo de esta controversia entre los medios privados y el Estado, que no cesan de chocar desde que Hugo Chávez llegó a la Presidencia en 1999.
El no gubernamental Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana contabilizó 5 962 asesinatos durante el primer semestre de 2010 solo en los 10 estados más poblados, de los 24 que tiene Venezuela.
Es común que los deudos, tras acudir a la morgue a retirar los cadáveres de sus parientes asesinados, se quejen de la demora en el instituto forense y de la desidia con que los cuerpos son tratados en esos depósitos.
El reportero de El Nacional, Álex Delgado, aprovechó un descuido para recoger la imagen, el 26 de diciembre de 2009. El jefe de la Policía, Wilmer Flores, acusó al diario de publicar una foto de 2006, lo que negó el rotativo.
El Nacional y Tal Cual, que no suelen publicar ese tipo de fotografías, justificaron su presentación como llamado de atención sobre el drama de la inseguridad, y como reacción ante la actitud que asumió ante el tema un funcionario de un medio estatal.
Andrés Izarra, director de la televisora multiestatal Telesur, rió a mandíbula batiente mientras debatía con un criminólogo en la cadena estadounidense de noticias CNN acerca de un reportaje español que tocaba el tema de la violencia en Venezuela.
Izarra expuso que la calidad de los argumentos del sociólogo Roberto Briceño-León fue lo que motivó su risa, y no el drama de la inseguridad o de sus víctimas.
“Fue una manera de protestar por las burlas de Izarra y una respuesta política, porque la foto desnudó que la morgue está sobrecargada por la criminalidad espantosa que hay en el país, un problema que se le fue de las manos al Gobierno”, dijo el director de Tal Cual, Teodoro Petkoff, ex socialista y adversario de Chávez.
Las reacciones
La SIP condena la censura
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura impuesta a El Nacional y al resto de los periódicos venezolanos que no podrán publicar fotografías ni informaciones sobre violencia durante los próximos 30 días. La SIP calificó a la medida de “torpe política de Estado a favor de la censura previa”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que se trata de “un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, aseveró: “estamos frente a un duro golpe a la libertad de prensa, y viviendo un clima de incertidumbre total, por cuanto el periodismo podrá sufrir consecuencias graves sin saber realmente cuáles son los estándares de violencia a los que atenerse para publicar o no informaciones de interés público”.
RSF: la medida es imprecisa
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó en París respecto a la decisión de un tribunal venezolano de prohibir a los medios impresos publicar por un mes imágenes sobre violencia, señalando que la medida era “imprecisa” y demasiado amplia. “Esta foto, en efecto muy violenta, hace preguntarse por la responsabilidad ética de un periódico de gran audiencia, aunque no se trate de una publicación dirigida a un público infantil o adolescente”, admite la organización internacional de defensa de la libertad de prensa. “Sin embargo, esta decisión judicial peca de amplitud e imprecisión”, recalca RSF.
Asimismo se interroga sobre la forma cómo un contenido puede atentar “contra el bienestar psicológico de los niños y los adolescentes”. “¿La fotografía de un policía armado en la calle, de las maniobras de un soldado o el simple anuncio de la muerte de una persona, entran en el marco de esta jurisprudencia?”, pregunta RSF. La caricatura, por definición “grotesca”, “¿puede ser mostrada a los más jóvenes?”, añade.
Periodismo en emergencia
Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ambos de Venezuela, acudieron ayer a la sede de El Nacional, donde emitieron un llamado desde la sala de redacción para “declarar en emergencia al periodismo venezolano”.
El secretario de la seccional Caracas del CNP, Hernán Lugo, afirmó que esta acción se realiza en el marco de poder “avanzar y evitar” que medidas como las aplicadas contra El Nacional, se sigan ejecutando. Recordó que no se trata solo de los medios impresos, y agregó que esta acción de protesta se produce en nombre de todos los periodistas que, de alguna manera, “se sienten intimidados y cohesionados en el trabajo y ejercicio que están haciendo”.
“Toda la sentencia es absurda y, por primera vez desde 1999, el Estado venezolano da motivos a que se le señale como restrictivo de la libertad de informar”, escribió en una columna Eleazar Díaz Rangel, director de Ultimas Noticias, el diario más leído en el país.