Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El 29 de mayo de 2025, Argentina publicó un decreto que reforma su Ley de Migraciones y establece reglas específicas para quienes deseen ingresar a su territorio. Algunas de ellas, enfocadas en salud y educación.
El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que los migrantes deberán acreditar medios económicos suficientes para obtener la residencia permanente. Además, reduce de 180 a 90 días la vigencia de la residencia precaria, que ya no será considerada válida para obtener la ciudadanía.
La norma también modifica los criterios para la nacionalización: solo podrán acceder quienes acrediten una residencia legal continua o cumplan con el perfil de “inversores”. Eso desplaza al Poder Judicial y otorga a Migraciones la facultad de otorgar o rechazar solicitudes.
En materia de derechos sociales, el decreto limita el acceso gratuito a la educación superior y al sistema público de salud a quienes tengan residencia permanente.
En los demás casos, se exige un seguro médico o el pago de los servicios sanitarios, y se impide el acceso a estudios terciarios o universitarios a personas con estatus migratorio irregular.
Este requisito estará vigente en Argentina desde el 1 de julio y es obligatoria para turistas, visitantes temporales, estudiantes extranjeros y trabajadores temporales.
El precio de los seguros, por una semana de estadía, oscilaría entre los 15 y 145 dólares.
Además, amplía los motivos por los cuales una persona extranjera puede ser impedida de ingresar al país o expulsada, incluso en ausencia de condena penal firme. Señala que alcanzará con un procesamiento judicial, una elevación a juicio o sospechas fundadas de delito.
El nuevo régimen elimina recursos administrativos que antes podían utilizarse para apelar decisiones migratorias y fija un plazo de 15 días para recurrir judicialmente, lo que reduce las garantías legales.
La Dirección Nacional de Migraciones también recibió mayores facultades de inspección y control, incluyendo operativos en lugares públicos y privados. Podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para realizar procedimientos con autorización judicial.