Lula da Silva y su tiempo en prisión

El ahora electo presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 12 años de prisión en 2017 por corrupción.

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El ahora electo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 12 años de prisión en 2017 por corrupción. Cumplió 19 meses de la condena antes de que fuera anulada por la justicia por defectos procesales.

El proceso investigativo y la condena por lavado de dinero de la Operación Lava Jato, impidió que Lula se presente a las elecciones de 2018. El expresidente manifestó que era víctima de una persecución política.

“Me arrestaron para que usted pudiera ser elegido presidente, pero luego me declararon inocente. ¡Pero voy a ganar ahora para ver de un golpe lo que tanto quiere ocultar!”, dijo Lula a Bolsonaro durante un debate político.

Lula da Silva fue presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) en el periodo de 2003 y 2010. Tras su retiro con un nivel de aprobación del 90%, fue sucedido por Dilma Roussef, del mismo partido político.

Durante la Operación Lava Jato que se realizó en 2014, dirigida por el juez Sergio Moro, supuestamente develó una trama de corrupción a nivel nacional que vio involucrado a políticos del Parido Progresista, el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialdemocracia Brasileña.

Ya en 2016, Lula fue doblemente imputado en un proceso tramitado en un juzgado de Brasilia. Se enfrentó a una denuncia por supuesto delito de corrupción a la justicia y a supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

Condena de Lula

En 2016 Lula junto a su esposa y otras seis personas fueron juzgados por corrupción y en 2017, el expresidente fue declarado culpable de los cargos de corrupción y lavado de dinero derivados de sobornos y beneficios que recibió de la petrolera estatal Petrobas.

El juez Sergio Moro, quién pasaría a ser el ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión, pero permaneció en libertado todo el proceso de apelación.

En septiembre del mismo año se presentaron nuevos cargos por corrupción en contra de Lula, Rousseff y seis personas más. Esta vez se los acusó de dirigir una organización criminal para desviar fondos de la empresa petrolera Petrobas.

En enero de 2018 un tribunal de apelación confirmo por unanimidad la condena por corrupción a Lula, lo que le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de ese año.

Prisión

El 7 de abril de 2018, Lula da Silva se entregó a las autoridades federales para comenzar a cumplir su condena de 12 años de prisión.

Desde ahí, Lula intentó inscribirse a las elecciones presidenciales en agosto, pero en septiembre el máximo tribunal electoral de Brasil se lo impidió por su condena por corrupción.

En 2019 fue nuevamente condenado a 12 años y 11 meses de prisión por aceptar sobornos en forma de reformas en su casa de campo, pero el Supremo Tribunal Federal de Brasil redujo a la anterior pena de prisión.

El 7 de noviembre de 2019, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que los acusados podían permaneces en libertad hasta agotar todos los recursos. Un día después Lula salió de la cárcel luego de pasar 19 meses encerrado.

Anulación de condena

A mediados de 2019 el medio digital The Intercept Brasil hizo publico las supuestas comunicaciones entre Sergio Moro y el fiscal jefe de la Operación Laca Jato, Deltan Dalagnol.

Esto sirvió para que Lula da Silva demandará a Moro, por irregularidades en el juicio de corrupción. La defensa del expresidente afirmó que la condena por parte de Moro le había causado daños irreparables, dado que pasó 580 días en prisión.

Un tribunal federal de Brasil desestimó en 2020 un caso de corrupción contra Lula da Silva, en el que se le acusaba de ejercer presión a favor de la constructora Odebrecht, por falta de pruebas.

En 2021 el Supremo Tribunal anuló las condenas por corrupción de Lula da Silva por defectos procesales y ordenó reiniciar los casos.

En 23 de marzo del 2021 el Supremo Tribunal dictaminó que Moro actuó de forma parcial cuando condenó al expresidente en conexión con la compra de un apartamento tríplex en Guarujá.


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