
El 29 de junio, la Policía española liberó a seis mujeres que eran víctimas de explotación sexual. Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 23 presuntos miembros de una red criminal que operaba en España.
Esta organización, compuesta por un clan español y otro brasileño, se dedicaba a la prostitución low cost de mujeres latinoamericanas sin papeles. Los prostíbulos estaban ubicados en las provincias de Barcelona y Girona.
En una rueda de prensa, los responsables de seguridad informaron que entre los detenidos había 15 mujeres y ocho hombres. Todos pertenecían a dos grupos criminales que coordinaban la explotación sexual de las víctimas. Muchas de estas mujeres abandonaron sus países bajo falsas promesas laborales.
Al llegar a España, las víctimas enfrentaron deudas “abusivas” que oscilaban entre 8 mil y 10 mil euros. Estas condiciones las mantenían atrapadas en prostíbulos donde solo podían salir una o dos veces al día, atendiendo a más de un centenar de clientes en tres días.
Los agentes identificaron varias casas prostíbulo repartidas entre Barcelona y Girona. El operativo culminó el 17 de junio con 16 registros y las detenciones, principalmente en Cataluña, aunque también hubo arrestos en Jaén y Madrid.
Durante la investigación, se liberó a una primera víctima al inicio del operativo; otras tres fueron rescatadas durante el proceso, mientras que el resto fue liberado al final. En total, se identificaron hasta 53 mujeres en situación administrativa irregular que eran prostituidas.
De las 23 personas detenidas, ocho fueron enviadas a prisión sin fianza. Además, los investigadores intervinieron 200 mil euros en efectivo, sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama. Los clanes operaban desde hace más de diez años ofreciendo prostitución barata para atraer más clientes en comparación con prostíbulos estándar.
El grupo español tenía antecedentes por prostitución, mientras que el brasileño operaba desde Vic (Barcelona) y también contaba con antecedentes policiales. Para evitar ser detectados, los grupos usaban testaferros para crear cuentas bancarias y adquirir propiedades.
La Policía española investiga además el posible blanqueo de capitales relacionado con estas actividades ilegales. Las mujeres rescatadas ahora están bajo la tutela de entidades especializadas en asistencia a víctimas de trata.
Con información de EFE