Tras el rechazo de la recusación del fiscal Luciani y de los jueces Rodrigo Giménez Uriburi y Jorge Gorini, se reanudó el juicio contra Cristina Kirchner este 15 de agosto de 2022.
Desde el martes 16 de agosto el tribunal oral que juzga a Cristina Kirchner permanecerá escuchando el alegato del fiscal Diego Luciani. Según Diario La Nación, Luciani alegará con “acusaciones contra la vicepresidente y exfuncionarios de su gobierno por direccionar obra pública en beneficio de Lázaro Báez“.
Además, la Fiscalía prevé realizar su alegación el próximo 16, 19 y 22 de agosto para concluir con su intervención. De esta manera, medios locales indicaron que tras las pruebas exhibidas anteriormente, las evidencias presentadas y demás, “lo más probable es que se solicite una condena para la vicepresidenta y los imputados“.
Supuesta asociación ilícita
Kirchner es acusada, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras por supuestamente direccionar contratos a un amigo de la familia Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, por “apoderarse ilegítimamente” de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.
En el caso se investigan presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández.
La dirigente peronista se sentó en diciembre de 2021 en el banquillo, pocos días antes de asumir la vicepresidencia del Gobierno de Alberto Fernández, y aseveró que es víctima de una persecución judicial que inició la administración del anterior mandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Al declarar entonces frente al tribunal, Fernández denunció una “lawfare” (una guerra judicial) en su contra y se negó a responder las preguntas de los jueces.
Origen de la causa
La causa se originó en una denuncia que presentó en 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia en 2016 del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, quien hace pocos días fue procesado en otra causa por presunta administración fraudulenta.
La investigación apunta a un supuesto plan en la provincia de Santa Cruz -de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003- para el manejo “fraudulento” de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos nacionales kirchneristas.
El expediente se relaciona con otros dos en los que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habrían recibido adjudicaciones con sobreprecios.