La inflación en Argentina, un rompecabezas en el que muchos juegan

A pesar de que por décadas Argentina se caracterizó por contar con unas estadísticas confiables que eran modelo para América Latina, en los últimos años el organismo encargado de contabilizarlas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ha estado en boca de organismos públicos y privados nacionales e internacionales por su supuesta falta de rigor técnico.

Ya desde enero del 2007, durante el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner, se comenzaron a denunciar las presuntas irregularidades que el organismo habría cometido en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se le acuso de manipular esa y otras cifras.

En los siguientes años, diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamaron al gobierno de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner por la falta de rigor, transparencia e independencia del Indec, lo que ocasionó el reclamo airado de la presidenta y un enfrentamiento de declaraciones con la directora del ente multilateral, Christine Lagarde.

Esto produjo que en febrero del 2013 el FMI aplicara una "moción de censura" a Argentina por no dar información creíble, por lo que el Gobierno argentino acusó al organismo de "trato desigual y doble estándar".

Dicha moción de censura imponía unas tareas para corregir la situación, bajo la amenaza de una expulsión del organismo.
Sin embargo, con un elemento estadístico tan importante para un país como el IPC, las susceptibilidades en el plano interno hicieron que analistas, técnicos y organismos de estudio financiero y estadísticos se dieran a la tarea de hacer sus propias mediciones, hecho que no le ha gustado al Gobierno, que incluso demandó a algunos por supuestamente crear confusión o suplantación en esta materia.

La realidad

De acuerdo con el Indec, la inflación oficial de junio fue de 1 por ciento y de esta forma el primer semestre cerró con una variación de precios de 6,7%, según instituto. En consecuencia, para el organismo estadístico la inflación en el año completo hasta junio pasado fue de 15%.

El cálculo oficial arrojó medio punto por debajo de las proyecciones de las consultoras privadas (1,53%) y de la Ciudad de Buenos Aires (1,4%).

En cambio, para los privados, en un año la inflación acumulada fue de casi 28%, 13 puntos más de lo que opina el gobierno, y para la Ciudad de Buenos Aires fue de 25%.

Un punto para analizar sobre quién tiene o no la razón está en el hecho de que Argentina fijó este martes el salario mínimo mensual en 6 060 pesos (USD 662) para los trabajadores con una carga horaria de ocho horas diarias.

El alza del salario referencial, que representa un incremento del 28,5 por ciento, se abonará en dos tramos, el primero del 18,5 por ciento en agosto y el segundo del 10% en enero del 2016.

El aumento, que se actualiza anualmente por ley, es el piso legal que se usa en las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas y sirve también para impulsar los ingresos de los empleados no registrados.

Acá es donde surgen los cuestionamientos, pues el alza salarial en cualquier país es observado con atención ya que sirve como indicador de la inflación real en el país y que en el caso argentino coincide casi a la perfección con la estimación de los analistas privados.

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