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Un joven brasileño fue arrestado por una supuesta deuda de pensión alimenticia, pese a que no tiene hijos. Gustavo Rodrigo Ferreira Lopes, de 20 años, permaneció más de 24 horas en prisión hasta que un juez ordenó su liberación tras detectarse que no tenía relación con el proceso judicial.
El caso ocurrió en Taguatinga, en el Distrito Federal de Brasil. Según informó El Tiempo de Bogotá, la orden de captura estaba vinculada a un procedimiento iniciado en 2017, cuando el joven tenía apenas 12 años.
Gustavo fue arrestado en su vivienda y trasladado a prisión. Aunque aseguró que no tenía hijos, la orden judicial se ejecutó antes de que se comprobara su falta de relación con el caso.
El abogado Marco da Silva Barbosa cuestionó el recorrido del expediente. El proceso comenzó en São Paulo, pasó por una autoridad judicial de Minas Gerais y terminó con una orden de captura en Brasilia, según explicó El Tiempo de Bogotá.
El joven relató cómo vivió la detención: “Aún así, permanecí en prisión hasta la noche del miércoles, que fue cuando el abogado logró resolver algunas cosas y obtuvo la orden de libertad”.
La Defensoría Pública del Distrito Federal revisó la documentación antes de la audiencia judicial y detectó que Gustavo no tenía relación con el proceso original. Tras comprobarse la irregularidad, un juez ordenó su liberación.
El caso también fue comunicado al Consejo Nacional de Justicia de Brasil para investigar cómo se originó la orden y determinar si hubo fallas judiciales o un posible fraude.
El defensor público Alexandre Fernandes Silva señaló que el error pudo producirse en São Paulo, Minas Gerais o por la intervención de un tercero que incorporó los datos del joven en la base nacional de órdenes de captura.
La defensa de Gustavo contempla solicitar una indemnización por los daños emocionales ocasionados por la detención. Su familia también relató las dificultades que enfrentó durante el arresto.
La investigación busca establecer quiénes fueron responsables de la emisión y ejecución de la orden. Hasta el momento, no se ha confirmado una decisión definitiva sobre las posibles responsabilidades, informó El Tiempo de Bogotá.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación judicial y las consecuencias de ejecutar una orden de captura contra una persona equivocada.
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