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El caso de Isak Andic, fundador de una reconocida firma global de moda, ha dado un giro inesperado. Inicialmente archivado como un accidente en diciembre de 2024, ahora se investiga como un posible homicidio. Su hijo, Jonathan Andic, enfrenta serias acusaciones tras la muerte de su padre, quien cayó por un barranco en Collbató, Barcelona.
La jueza instructora de Martorell presentó evidencias que contradicen la versión de Jonathan. Según el auto judicial, la relación entre padre e hijo estuvo marcada por una “manipulación emocional” y una “obsesión con el dinero”.
En 2024, Jonathan supo que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social, lo que habría alterado drásticamente su comportamiento hacia él.
La investigación también se centra en el manejo de los dispositivos móviles. Jonathan cambió su celular el 25 de marzo de 2025, borrando información crucial.
El heredero afirmó que el teléfono original fue robado durante un viaje a Quito, Ecuador, pero los Mossos d‘Esquadra (la policía autonómica de Cataluña) no pudieron corroborar esta versión. A pesar del borrado, la policía recuperó datos que contradicen la imagen de buena relación familiar que Jonathan intentó proyectar.
Las declaraciones de Jonathan presentaron inconsistencias. Inicialmente dijo que su padre había caído accidentalmente, pero luego cambió su versión, afirmando que solo escuchó un ruido. Las pericias policiales sugieren que la caída fue intencionada, indicando una acción deliberada.
La jueza destacó que Jonathan había presionado a su padre para recibir una “herencia en vida”. Aunque el empresario accedió a esta solicitud para mantener la relación familiar, mensajes recuperados evidencian “sentimientos de odio y rencor” por parte del hijo hacia la fortuna familiar.
A esto se suma, la geolocalización del vehículo de Jonathan que indica que ya había visitado el lugar del accidente en al menos tres ocasiones antes del trágico evento.
Actualmente, Jonathan Andic se encuentra en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros. Las medidas cautelares incluyen la retirada de su pasaporte y presentaciones semanales ante las autoridades mientras continúa el proceso judicial.
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