
El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, iniciaron este jueves 18 de septiembre en Doha (Catar) la primera fase de los diálogos de paz. El acuerdo contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado.
El jefe de la delegación del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, firmaron en Doha la declaración conjunta. El documento incluye acciones piloto enmarcadas en lo que denominaron “proceso para la desmovilización y construcción de paz”.
Las acciones buscan consolidar la confianza y aplicar un programa de pedagogía para sustituir de manera total los cultivos de uso ilícito. El plan contempla la participación voluntaria de las comunidades, asistencia técnica y medios de vida alternativos.
El piloto se ejecutará en Mutatá, en el departamento de Antioquia, y en los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, frontera con Panamá. En estas zonas el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mantiene fuerte presencia. El grupo es heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El presidente Gustavo Petro impulsa desde agosto de 2022 su proyecto de “paz total”. El mes pasado adelantó que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con el Clan del Golfo, luego de varios acercamientos exploratorios que permanecían congelados.
En la declaración firmada en Catar, el Clan del Golfo se comprometió a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También aceptó cumplir el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no interferir en las elecciones que Colombia celebrará en 2026.
El Gobierno colombiano, por su parte, tomó nota de que el grupo rechaza ser catalogado como paramilitar o neo-paramilitar. Además, anunció que, a través de la Cancillería, pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acompañar este proceso.
Ambas partes solicitaron al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos pactados.
Con información de EFE