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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó el manejo inicial de una denuncia de supuesta violación grupal en la Universidad de Cornell. La funcionaria criticó a la policía universitaria por no trasladar a los fiscales información que, según la denunciante, había entregado durante sus entrevistas.
Durante una rueda de prensa, Hochul dijo estar “profundamente consternada” por la actuación de las autoridades. También calificó como un “fracaso” que los fiscales recibieran un expediente parcial.
Según EFE, la gobernadora señaló que la joven había expresado con claridad que estaba segura de haber sido víctima de una violación. Sin embargo, esas declaraciones no fueron incluidas en la información enviada por la policía de Cornell a los fiscales.
“¿En qué mundo la policía se enteraría por la víctima de que había sido violada en grupo y no informaría de esas acusaciones al fiscal?”, cuestionó Hochul.
La Fiscalía General de Nueva York asumió la investigación como parte de un nuevo proceso. La fiscal general, Letitia James, fue designada fiscal especial y confirmó que existe una investigación criminal en marcha.
La denuncia se remonta a 2024. La joven presentó el pasado 18 de septiembre una demanda civil contra Cornell y siete presuntos agresores. Tras la demanda, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió reabrir la investigación que había cerrado inicialmente.
EFE informó que James pidió tiempo para revisar el caso y aseguró que proporcionará información conforme avance el proceso.
La investigación deberá establecer qué ocurrió y determinar si existen elementos para presentar cargos.
La Universidad de Cornell también quedó bajo escrutinio por su respuesta al caso. La institución anunció que realizará una revisión independiente sobre su gestión de la denuncia.
Según EFE, Hochul informó que Cornell aceptó incorporar abogados externos para examinar el manejo institucional del caso.
La investigación ocurre mientras Nueva York debate posibles cambios a las normas sobre agresiones sexuales. Hochul ha respaldado una reforma para abordar los casos en los que una persona queda incapacitada por el consumo de alcohol o drogas.
Con información de EFE
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