El presidente del canal de noticias de línea crítica venezolano Globovisión, Guillermo Zuloaga, reapareció el viernes. Ese día acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para exigir justicia en su caso.
Zuloaga, y su hijo, Guillermo, tienen órdenes de captura en Venezuela bajo cargos de usura, por la supuesta retención de vehículos nuevos para su “engorde” (aumento de precio) en una empresa de su propiedad, no relacionada con el canal.
Desde que se libró la orden de detención en junio pasado, se desconocía el paradero de los Zuloaga, sobre quienes también pesaba una medida de prohibición de salida del país, recordó ayer BBC Mundo.
Zuloaga estableció contacto con Globovisión pocos días después, pero no hubo detalles de dónde se encontraba; solo dijo que no le hacía “ningún favor” al país ni al canal de televisión entregándose.
En Washington, Zuloaga manifestó a BBC Mundo que el expediente en su contra es un caso de “persecución política”.
Insistió en que el presidente Hugo Chávez había ordenado su detención, y dijo que acudía a la CIDH a “buscar la justicia que no encontramos en Venezuela”.
El empresario no aclaró cuál es su estatus migratorio en Estados Unidos ni si solicitará asilo en ese u otro país.
El Gobierno de Venezuela solicitó a la Interpol que emita una orden de captura internacional contra el Presidente del canal Globovisión y su hijo. Pero el nombre del directivo del canal venezolano no figura en la base de datos de personas solicitadas bajo “código rojo”.
El ministro del Interior venezolano, Tareck el-Aissami, ha dicho que Zuloaga es un “prófugo de la justicia”. “Los tiempos de los intocables (…) donde cometían delitos (…) quedaron en el pasado”, aseguró.
Diferentes organizaciones y personalidades venezolanas han manifestado su rechazo a la medida decretada por la justicia venezolana en contra del principal accionista de Globovisión.
Uno de ellos fue el relator especial de la ONU para esa materia, Frank la Rue, quien dijo que la orden de aprehensión contra Zuloaga era un acto “de acoso (…) sintomático del continuo deterioro de la libertad de expresión en el país”.
Las autoridades venezolanas calificaron las palabras de De la Rue de indebida injerencia, y solicitaron a la Secretaría General de esa institución internacional que lo destituyera.