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FARC: el procurador colombiano ‘debe irse del cargo’, no el alcalde Petro

El destituido Alcalde de Bogotá.  Gustavo Petro Urrego, exguerrillero del M-19, se jugará su futuro político en las urnas. AFP

El destituido Alcalde de Bogotá.  Gustavo Petro Urrego, exguerrillero del M-19, se jugará su futuro político en las urnas. AFP

La guerrilla comunista de las FARC expresó este miércoles, 15 de enero, en La Habana que es el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, quien “debe irse del cargo” y no el alcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro, al que ordenó destituir.

“El país entero con justicia reclama que es Alejandro Ordóñez quien debe irse del cargo”, dijo el delegado de paz de las FARC Rodrigo Granda, al saludar la decisión de un tribunal administrativo colombiano que suspendió, de manera provisional, la orden de destitución de Petro, dictada por el procurador en diciembre.

Granda dijo que otros funcionarios y legisladores colombianos “injustamente han sido destituidos e inhabilitados” también por la “furia tridentina del procurador” , entre ellos la exsenadora Piedad Córdoba, acusada de tener vínculos con las FARC.

El martes un tribunal administrativo de la capital colombiana “adoptó la decisión de ordenar la suspensión provisional” de un fallo de la Procuraduría que sancionó a Petro con la destitución de su cargo y la inhabilitación política por 15 años, señaló el magistrado José María Armenta a la prensa.

Granda afirmó que al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “le corresponde también oponerse a la destitución” de Petro.

El jefe guerrillero hizo estas declaraciones en el marco de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos en La Habana, que buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

El tribunal administrativo cuenta con un plazo de diez días para decidir sobre el fondo del asunto, tras un recurso por supuesta vulneración de los derechos políticos del alcalde.

Petro, un exguerrillero y economista de 53 años, fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016. Sin embargo, la Procuraduría, que controla a los funcionarios públicos, le sancionó el 9 de diciembre con la destitución y la inhabilitación, en un caso de dolo en el manejo del sistema de recolección de basuras de Bogotá.