El lojano Jorge Cordero llegó a España hace 12 años y se estableció en Oviedo-Asturias (451 kilómetros al norte de Madrid). Se puso una empresa de transportes, se casó, se compró un piso en 2006 y tuvo una hija. Nunca imaginó que la vida le daría un vuelco cuando todo parecía ir bien. Las empresas a las que prestaba sus servicios le dejaron de pagar. La crisis había llegado. Actualmente le deben 80 000 euros. Les ha seguido juicio pero hasta ahora no ve un solo euro del dinero que le pertenece. “Las empresas han cambiado de nombre y de titulares. Es difícil cobrar a negocios fantasmas. Pero yo sé que están abiertas, todo ha sido una estrategia para no pagarme”, contó hoy a EL COMERCIO el ecuatoriano de 28 años.
Sus ingresos dependían de aquellas empresas. Cuando éstas dejaron de responder él también dejó de pagar – durante año y medio- la hipoteca que adquirió con Cajastur.
El pasado miércoles perdió su piso. Le desahuciaron a la fuerza. Miembros de Stop Desahucios, del movimiento 15-M y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas acompañaron a la familia para detener el desahucio. Fue imposible debido a la elevada concentración de policías -incluso Antidisturbios- y a la posterior carga de los agentes.
“Reventaron la puerta del portal, que es propiedad de todos los vecinos del edificio, derribaron el tabique de una habitación para entrar, no lo hicieron por la puerta. Fue brutal”, cuenta Natalia Rodríguez, miembro del 15-M.
Además -dice- a un chico le abrieron la cabeza con una porra (tolete), a una joven le rompieron la nariz y a otra le arrastraron por el suelo.
La actuación policial derivó en 20 detenidos, entre ellos Jorge Cordero. La mayoría salió de comisaría seis horas después, aún no saben si hay juicio en su contra.
Cajastur, que se ha fusionado con Liberbank, nunca quiso negociar con el connacional. Él les planteó la dación en pago y un alquiler social. Pero en contrapartida, la caja se adjudicó el piso por 48 000 euros, cuando se lo había vendido a Jorge por 123 000 euros. Le desahució y ahora le reclama una deuda de 108 000 euros.
El compatriota está en huelga de hambre desde hace doce días frente a la sede de la entidad financiera. Bebe sólo líquidos. “No sé si esta ha sido la mejor medida, pero llegaremos hasta donde podamos llegar. Tengo la esperanza que el banco me condone la deuda. Ya no pido el alquiler social porque no quiero volver al piso, serían demasiados recuerdos, que es mejor borrar”, señala.
Le acompañan siempre – y por turnos- jóvenes del 15-M. Y ha recibido el respaldo de muchas organizaciones entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, FOVA. “Jorge es un vecino más, con quien se ha cometido una injusticia”, dice José Sariego, su presidente. “Los bancos nos vendieron las hipotecas como algo muy positivo, se callaron los riesgos y ahora vienen y nos dicen que debimos ver más a la hora de hipotecarnos”, reclama.
La FOVA calificó de “desproporcionada” la actuación policial durante el desahucio y cuestionó directamente a la Delegación del Gobierno, quien la autorizó.
La situación del connacional y su familia es vulnerable. Han cerrado la empresa, no sin antes indemnizar a los cuatro empleados que tenían. “Jorge es muy honrado, lo primero que hizo fue pagarles. Él no debe nada a nadie”, dice Rodríguez.
Y aunque quisiera no puede trabajar. “Cualquier dinero que ingrese o factura a mi nombre será retenida por la deuda que tengo”, se lamenta.
Jorge duerme en la plaza Escandalera de Oviedo mientras espera una muestra de humanidad de parte del banco que le desahució. Su esposa Patricia y su hija Amanda, de sólo cinco meses, fueron acogidas en la casa de unos amigos. Los tres viven con los 500 euros que ella percibe por prestación de desempleo.
“Soy una persona optimista. Lo importante es seguir adelante y tratar de arreglar la situación. Yo mantengo la esperanza de que la Caja me escuchará”, concluye el compatriota.