Marc Dutroux ante un tribunal de la ciudad belga de Arlon el 22 de junio de 2004, último día de su juicio. Foto: Archivo / AFP
¿Marc Dutroux es todavía peligroso? Esta pregunta que la justicia belga debe responder a partir de este jueves 17 de octubre del 2019 enciende los debates en Bélgica, más de dos décadas después de los crímenes de este pederasta.
Dutroux, de 62 años, fue condenado a cadena perpetua en 2004 por el rapto, el secuestro y la violación de seis niñas entre 1995 y 1996, así como la muerte de cuatro de ellas, un crimen que regresó a la portada de los diarios.
Tras 23 años en prisión, sus abogados pidieron un examen psiquiátrico en el marco de una demanda de liberación condicional a la justicia belga, que se pronunciará el 28 de octubre sobre si estudiar su estado mental y el riesgo de reincidencia.
“El país permanece 23 años después de su arresto bajo el sometimiento del psicópata de Marcinelle que aparece en la consciencia colectiva como la encarnación del mal”, escribió el miércoles el diario Le Soir, apuntando al malestar actual.
Los abogados y familiares de las víctimas siguen describiendo a Dutroux, que cumple la pena en la prisión de Nivelles, como “un gran manipulador perverso”, reprochándole el no haber dicho nunca la verdad, ni haberse arrepentido.
Su defensa denuncia por su parte el “escandaloso” trato que padece en prisión, donde nadie debería “pudrirse” en aislamiento durante un cuarto de siglo, en palabras de Bruno Dayez, uno de sus abogados.
Desde su detención en agosto de 1996, “no se hizo nada para favorecer” su reinserción, “no le dejan participar en ninguna actividad colectiva”, protesta el abogado en una entrevista con la AFP.
Respecto a la audiencia de este jueves en la cárcel, en la que el preso podía tomar la palabra, Dayez la presentó como “una etapa obligada en el proceso” hacia esta liberación condicional que espera conseguir para 2021.
‘Manipulador y peligroso’
Aunque su cómplice Michel Lelièvre, condenado a 25 años de prisión, acaba de obtener el visto bueno a su salida a condición de encontrar una residencia en un plazo de seis meses y en un perímetro preciso, la liberación de Dutroux es muy hipotética.
Para los condenados a 30 años de prisión o más, las decisiones del Tribunal de Aplicación de Penas (TAP) deben ser por unanimidad de sus cinco jueces y no son objeto de recursos. Las familias de las víctimas también critican este proceso.
Georges-Henri Beauthier, que defiende al padre de una niña asesinada y una de las dos secuestradas que sobrevivieron, acusan al TAP de “infantilizar a las víctimas” privándolas de un intercambio de argumentos y de un acceso pleno al expediente.
El 13 de octubre, sus clientes Jean-Denis Lejeune y Laetitia Delhez anunciaron en un comunicado su rechazo a acudir a Nivelles el jueves, por el “lugar mínimo” que se les concede en el debate.
Para el abogado, que cuestiona la designación de los expertos, no hay que contentarse con las opiniones presentadas por los expertos al tribunal de Arlon en 2004, sino integrar también el caso de la primera condena en 1989 a Dutroux por una serie de violaciones.
“Entonces, ya dijimos que era especialmente manipulador y peligroso”, afirma Beauthier. Una primera solicitud de liberación de Dutroux en 2013 no prosperó.
Su ex esposa Michelle Martin, también condenada como cómplice en 2004 a 30 años de prisión, se beneficia de la libertad condicional desde 2012. Tras un período en un monasterio, ahora reside en la casa de un antiguo magistrado.