La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo cambios en su gabinete ministerial luego de una baja histórica en las encuestas. Foto: Agencia AFP.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sorprendió al país el pasado miércoles 6 de mayo al anunciar que pidió la renuncia de todo su gabinete ministerial. Las declaraciones las hizo durante una entrevista con el popular personaje de televisión, Don Francisco, para Canal 13.
Este lunes 11 de mayo de 2015, la Mandataria cambió a nueve de sus 23 ministros. “Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de Gobierno, y en esta nueva fase tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos”, señaló.
Entre quienes dejaron hoy la cartera de gobierno se encuentran algunos personajes claves de La Moneda. El ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el ex ministro Vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde y el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
El cambio de gabinete responde a la crisis política que viven tanto el gobierno de Bachelet como los partidos en general. En un sondeo de opinión de abril de 2015, la encuestadora Adimark destaca una histórica baja en la aprobación del gobierno de Bachelet: un 31% (el índice más bajo en sus dos gobiernos). Su nivel de desaprobación, por otro lado, alcanzó un 64%.
El mismo informe destaca que el gabinete de la Presidenta ha bajado en promedio un 10% de aprobación desde enero de este año. Pasó del 58 al 48%. Entre los ministros peor evaluados se encuentran al menos dos figuras claves: Rodrigo Peñailillo, Ministro del Interior (quien dejó su cargo este 11 de mayo de 2015 y fue reemplazado por Jorge Burgos), y Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Educación (que en estos momentos lleva a cabo la ardua tarea de la reforma educacional). Peñailillo cuenta en estos momentos con un 42% de aprobación, mientras que Eyzaguirre llega a un 32%.
Sin embargo, esta crisis no afecta sólo a Bachelet y sus allegados. El golpe más duro se lo han llevado las cámaras de representantes. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados cuentan con un 79% de desaprobación por parte de la ciudadanía.
Los principales partidos políticos no se libran de esta mala racha. La coalición Nueva Mayoría (los partidos oficialistas) cuenta solamente con un 24% de aprobación y con un 67% por ciento de desaprobación. Pero los partidos de oposición no están mejor posicionados. La Alianza (partidos de centro-derecha) cuenta en estos momentos con un 17% de aprobación y un 76% de desaprobación.
¿Qué ha llevado a Chile a la crisis de confianza en sus políticos? Éstos son algunos casos de corrupción destapados en los últimos meses que han llevado a un país caracterizado por su fuerte institucionalidad a la desconfianza generalizada por sus funcionarios públicos.
El ‘Pentagate’ y el financiamiento de la política
Carlos Eugenio Lavín (izquierda) y Carlos Alberto Délano (derecha), exejecutivos de Grupo Penta. Foto: El Mercurio de Chile / GDA
A mediados de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII), a causa de una llamada telefónica anónima, abrió una investigación por evasión tributaria a los principales accionistas y ejecutivos de Empresas Penta. Éste es un holding que sostiene inversiones en el área de seguros, financiera, salud, inmobiliaria, entre otras. Sus dueños eran Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Al verse involucrado en el caso, uno de los ejecutivos del grupo, Hugo Bravo, decidió colaborar con la justicia y entregó información que le daría un giro político al caso. El holding habría estado involucrado en el financiamiento irregular de campañas de algunos legisladores electos, principalmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de herencia pinochetista chileno.
Una investigación de CIPER Chile asegura que el encargado de recibir el dinero de Penta y distribuirlo entre los distintos candidatos era Jovino Novoa, ex senador y líder histórico de la UDI. Entre los candidatos más beneficiados se encontrarían el ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador Pablo Zalaquett, la actual senadora por la región de Los Ríos Ena Von Baer, el actual senador por la región de Los Lagos Iván Moreira y el ex pre-candidato presidencial Laurence Golborne.
Durante el proceso de investigación del SII, los senadores electos, que para aquel entonces ya ejercían sus funciones, fueron interrogados por los medios de comunicación acerca de si tenían conocimiento de los aportes irregulares a sus campañas. Ena Von Baer declaró en CNN Chile no haber recibido aportes del grupo. “Le he contestado ya tres veces que no. No tengo por qué estar respondiendo rumores”, aseguró la Senadora en octubre de 2014.
Pero en enero de este año, el caso estallaría de nuevo cuando el SII reveló correos electrónicos entre los candidatos y Hugo Bravo en tiempos de campaña. La propia senadora Von Baer escirbió: “(…) Ahora tengo que tratar de cubrir una deuda de alrededor de 100 millones (de pesos, aproximadamente 200 mil dólares). Espero que me puedas ayudar, espero con ansias la respuesta”. El senador Iván Moreira, por su parte, escribía lo siguiente: “¿Tu crees que se pueda un raspado de olla para los últimos 100 metros de campaña?”.
En marzo, Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños de Penta, quedaron bajo prisión preventiva por delitos tributarios y soborno. A fines de abril se revocó la orden y se dictó arresto domiciliario para los ex ejecutivos del grupo. Hoy, la investigación sigue su curso y los políticos involucrados aún son indagados. Ninguno de los funcionarios electos ha dejado su cargo.
El caso ‘Caval’ y el hijo de la Presidenta
El hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, se habría reunido con el vicepresidente del Banco de Chile para conseguir un millonario préstamo. Foto: Agencia EFE.
En febrero de este año, la revista Qué Pasa revelaría un caso de tráfico de influencias muy cercano a la presidencia. La nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, habría recibido un préstamo del Banco de Chile por más de 10 millones de dólares para la empresa Caval, que fue fundada con un capital inicial de apenas 12 mil dólares.
El préstamo serviría para la compra de tres terrenos en Machalí (Región de O’Higgins) junto a la Carretera del Cobre. El auge comercial de la zona ayudaría a que la reventa de estos terrenos significara una ganancia de 4 millones de dólares para la empresa.
El caso no terminaría aquí, pues después de la publicación, el Banco de Chile envió un comunicado en el cual se detallaba que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, habría sostenido una reunión con el vicepresidente de la entidad financiera, Andrónico Luksic, el 6 de noviembre de 2013. Un día después de que se anunciara el triunfo de Bachelet para la presidencia, el Banco de Chile aprobó el crédito. El 21 de enero de 2014, la empresa Caval pactó finalmente la venta de los terrenos por más de 15 millones de dólares.
Para el tiempo en que la revista Qué Pasa publicó la investigación, Sebastián Dávalos se desempeñaba como Director Sociocultural de La Moneda. Una semana después, el hijo de la Presidenta renunció al cargo.
En esas fechas, la presidenta Bachelet se encontraba de vacaciones en el Lago Caburgua (sur de Chile). A su regreso, declaró que no tenía conocimiento de los negocios de Caval y del millonario préstamo. “Yo no tuve ninguna información ni previa ni después, me enteré en Caburgua por la prensa”, aseguró.
La arista ‘SQM’ y los nuevos escándalos por el financiamiento de la política
El ex secretario de Minería, Pablo Wagner (derecha), habría sido el puente para hallar la arista ‘Soquimich’. Foto: El Mercurio de Chile / GDA.
A raíz del caso Penta, el fiscal Carlos Gajardo inició una investigación sobre el ex secretario de Minería (durante la administración de Sebastián Piñera), Pablo Wagner. Gajardo encontró boletas (facturas) por servicios prestados a Grupo Penta emitidas a nombre de la cuñada del ex secretario, María Carolina de la Cerda.
A través de las declaraciones de impuestos de de la Cerda, el fiscal encontró también boletas emitidas a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). La empresa era manejada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del antiguo dictador Augusto Pinochet.
Con Pablo Wagner, el fiscal Gajardo habría descubierto que la empresa minera también estaría involucrada en aportes irregulares a campañas políticas y que ésta no solamente era una práctica de Grupo Penta.
En abril de este año, el diario El Mostrador publicó un artículo en el cual aseguraba que Giorgio Martelli, uno de los principales recaudadores de fondos para la campaña presidencial de Bachelet, habría emitido también boletas a esta empresa.
En noviembre de 2014, el fiscal Gajardo enviaría un informe en el que constaban más de 30 nombres vinculados a la política (de distintos partidos) que habrían emitido boletas a Soquimich.
El Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también habría emitido boletas. Sin embargo, no se ha comprobado que fueran facturas por servicios que nunca se dieron. Peñailillo declaró al respecto: “Soy ingeniero comercial y soy magíster en análisis político, y en ese ámbito yo presté mis servicios durante esos cuatro meses hace tres más de tres años”.