La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) exigió hoy 27 de febrero a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) la restauración de los derechos de la entidad canalera sobre la isla Tortolita, en el Pacífico panameño, que fue vendida de forma fraudulenta por el Municipio de Taboga.
Una parte de la ínsula fue vendida a Ernesto Bósquez Ditrani, bajo la promesa de desarrollar un proyecto turístico, pero el proceso de venta se hizo sin el conocimiento de las autoridades canaleras, que exigen el cumplimiento de la constitución y la ley.
Bósquez Ditrani adquirió tierras en las islas Tórtola, Tortolita y 14,8 hectáreas en Taboga con el aval de los ediles. Pero la operación de venta ha desatado un litigio, debido a que la mitad de la isla Tortolita, usada por la ACP como depósito de material de dragado, forma parte de la zona inalienable del Canal de Panamá.
Al respecto, Roberto Alemán, de la Asociación Cívica de Taboga, declaró al diario local La Prensa que los habitantes en áreas insulares en el Pacífico temen que se emprendan allí proyectos de expendio de petróleo, que perjudicarían el turismo. Grupos empresariales realizaron este mes una encuesta entre los residentes en las ínsulas, con el objetivo de saber qué opinan sobre la instalación de tanques de almacenamiento de combustible en áreas contiguas a la isla Urabá, un refugio de pelícanos.