Aunque con objeciones de algunos Estados, el Consejo Permanente de la OEA dio su visto bueno a un polémico documento que plantea reformas al sistema interamericano de Derechos Humanos y que muchos han criticado por incluir apartes que podrían debilitar a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Relatoría para la Liberta de Expresión.
En sesión ordinaria en Washington, el Consejo aprobó por consenso el documento, elaborado el año pasado por un Grupo de Trabajo para “fortalecer el sistema” y darle mayor transparencia y rigor.
En el caso de la Relatoría, en diciembre del año pasado se introdujeron medidas que podrían reducir considerablemente la financiación del organismo, que monitorea y defiende la libertad de prensa en la región. Estas iniciativas fueron promovidas por el gobierno de Ecuador, que en años recientes ha chocado con la Relatoría, hoy por hoy en cabeza de la colombiana Catalina Botero.
En la sesión la mayoría de los Estados insistió en que se debe preservar a toda costa la autonomía e independencia de la CIDH.
Dado que se trata de “recomendaciones” a la CIDH (de la que hace parte la Relatoría), depende de esta acogerlas o rechazarlas.
Aun así, existe temor que el tema se eleve a nivel de cancilleres o presidentes en la próxima Cumbre de las Américas, con lo cual se incrementaría la presión para que la CIDH las adopte. Quito, de hecho, pidió que el documento se lleve al nivel de cancilleres.
Reservas de varios países
Varios Estados expresaron sus reservas frente a algunos de los temas más polémicos.
Jorge Collazo, representante uruguayo ante la OEA, dijo: “Uruguay quiere dejar constancia de una iniciativa que puede limitar las funciones de la Relatoría de la libertad de expresión. Al incluir su evaluación anual como un capítulo más del informe general de la CIDH se le quita visibilidad, impacto, y trascendencia a este tema”.
Costa Rica, por su parte, pidió oponerse a todas las medidas que busquen debilitar a la Relatoría y pidió no “desfinanciar” a este órgano como sugiere una de las recomendaciones, que plantea igualar los presupuestos de todas las relatorías, pese a que algunas reciben menos de un tercio de los fondos que la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Panamá, además, dijo que algunos Estados “quieren matar al mensajero” y se inclinó por una interpretación favorable en la que no desaparezca el informe anual y se eleven los recursos para todas las Relatorías de la OEA.
Colombia, a través del embajador Luis Alfonso Hoyos, dejó claro su defensa a ultranza de la libertad de expresión pero indicó que a su juicio nada en el documento podía ser interpretado como restricciones a la libertad de prensa.
Las ONG, en contra Un grupo de más de 80 organizaciones de Derechos Humanos de al menos 11 países de la región criticó las recomendaciones de un Grupo de Trabajo de la OEA sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las ONG firmaron una carta que fue circulada durante la sesión ordinaria que realiza el Consejo Permanente de la OEA en Washington para discutir las recomendaciones planteadas.
“La principal preocupación que tenemos tiene que ver con que algunas de las iniciativas propuestas estén destinadas a limitar el alcance de la tutela regional de derechos humanos. Eso en parte por la coyuntura política que da origen al grupo de trabajo y al documento, que es reactivo frente a algunos eventos particulares y reacciones de algunos estados frente al accionar de la CIDH. Tememos que se puede aguar la calidad de la protección y monitoreo que hace la CIDH”, dijo a EL TIEMPO Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, una de las organizaciones firmantes.
Según Krsticevic, “un ejemplo muy claro de este tema es el planteamiento que se hace sobre la Relatoria de libertad de Expresión en la que a través de recomendaciones que tienen que ve con su presupuesto o sobre cómo presentan la información parece que están intentando la capacidad de hecho de esta relatoría de realizar su trabajo en una área que es crítica para todas las Américas”.