Los estudiantes y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa realizaron una protesta en la ciudad de México, el pasado 26 de septiembre de 2015, para conmemorar el primer aniversario de su desaparición. Foto: AFP
La fiscalía mexicana y un grupo de expertos independientes anunciaron el domingo 28 de febrero del 2016 el inicio de un nuevo estudio sobre fuego en un basurero del estado de Guerrero, donde presuntamente fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos hace casi año y medio.
El nuevo estudio pericial tendrá que determinar si en el basurero de Cocula se produjo un evento de fuego con las dimensiones necesarias para incinerar 43 cuerpos, como concluyó la Fiscalía en su versión oficial, la misma que fue descartada por expertos independientes al no encontrar evidencias científicas que la sustenten.
La Fiscalía informó que los responsables del nuevo peritaje, que ya está en proceso, son “especialistas internacionales y mexicanos”, entre ellos el grupo de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala (Guerrero), a 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, después de ser perseguidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Unos meses después, la Fiscalía concluyó que habían sido asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula, pero en septiembre del año pasado, el grupo de expertos designado por la CIDH rechazó esa versión.
A inicios de febrero, el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense también la rebatió. Ante las conclusiones de los expertos, la Fiscalía se mostró de acuerdo en realizar nuevos estudios en Cocula, municipio vecino de Iguala.
Sin embargo, los padres de los 43 jóvenes manifestaron su desacuerdo con llevar a cabo nuevos peritajes, pues exigen que la investigación se centre en la búsqueda de los estudiantes.
La Fiscalía reiteró que el nuevo estudio “atiende una de las líneas de investigación del Caso Iguala”, y que en paralelo se continuará con las demás “labores ministeriales e indagatorias orientadas al esclarecimiento de los hechos”.
La información que los especialistas recolecten será entregada en un informe antes del 31 de marzo a la Fiscalía y al grupo de expertos independientes, quienes tendrán que analizarla antes de emitir sus propias conclusiones.
