19 de octubre de 2020 20:03

La Comisión de Fiscalización se dividió frente a pedido de interpelantes contra ministra Romo

La ministra de Gobierno María Paula Romo se refirió a las investigaciones a posibles irregularidades en inversiones hechas por el Isspol. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

La Comisión de Fiscalización arrancó el 16 de octubre del 2020 con el trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez

La Comisión de Fiscalización requerirá documentos adicionales para el proceso de juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, después de que sus interpelantes comparecieron hoy, lunes 19 de octubre del 2020, para presentar sus pruebas.

El pedido será enviado al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), quien deberá remitir a esta mesa la resolución con la que el Pleno exigió la renuncia de Romo, en agosto pasado, y también el informe sobre el exasambleísta Daniel Mendoza, investigado por el caso del fallido contrato para la construcción del hospital de Pedernales.

Sin embargo, este requerimiento dividió a Fiscalización, pues los motivos iniciales para la interpelación a Romo se basan en las acusaciones de uso de bombas lacrimógenas caducadas, y los problemas por las intervenciones a centros de acogida, así como falta de protección a periodistas en las protestas de octubre de 2019.

La moción del asambleísta Dennis Marín (PSC) logró el respaldo de su coidearia Mercedes Serrano, el presidente de la mesa, Elio Peña, y Jaime Olivo, ambos de Pachakutik; además de José Serrano, de Alianza País (AP) y Marcelo Simbaña (Creo).

Mientras que la vicepresidenta, Noralma Zambrano (AP), Absalón Campoverde (Creo), Byron Valle y Esteban Melo, de la Revolución Ciudadana (RC) y Franco Romero (BADI), se abstuvieron.

Los interpelantes solicitaron a Litardo que se incluyera estos documentos en el expediente. Lo hicieron el 10 de septiembre pasado, dos días después de que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), calificó a trámite el pedido de juicio político contra Romo por los hechos de hace un año.

El proceso es impulsado por los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo (RC).

Gómez argumentó que dicha información “no puede quedar en el aire” porque de lo que se trata es de que la Asamblea censure a Romo por denuncias de supuestos repartos de hospitales.

El legislador se tomó hora y media para presentar sus pruebas para este proceso, entre las que recurrió a varios videos y reportes de prensa sobre las violentas protestas. Argumentó que a los violentos les corresponde responder a la justicia; al Gobierno, ante la Asamblea y al Estado ante organismos internacionales.

También presentó un audio sobre un diálogo telefónico entre Romo y una gerente de un hospital de Tulcán, quien habría denunciado presiones de un familiar de la Ministra por cargos.

A su vez, Cuesta señaló que la Asamblea debe censurar “por falta de probidad notoria” a la Ministra como lo hizo la semana pasada con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz.

“La causal es la misma, son hechos que giran alrededor del incumplimiento de funciones”, insistió Cuesta, al considerar que la Ministra también debe responder por la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado (en 2018) o el escándalo de corrupción en Isspol.

Dentro de la presentación de las prueba de cargo, solo Naranjo se limitó a enumerar los hechos de las protestas, por los que dijo debe ser censurada la ministra y anticipó que desde ya impugnará todos los argumentos que esgrima la funcionaria para defenderse.

Naranjo adujo que el Gobierno “inventó el discurso de conspiración” y que lo que le correspondía a la Policía era identificar a los violentos, en vez de “fraguar juicios” contra miembros de la Revolución Ciudadana.

No obstante, Gómez adelantó que el martes 18 de octubre prevé presentar un nuevo pedido de juicio político en contra de la Secretaria de Estado.

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