31 de mayo de 2019 11:47

Impulsor de consulta tiene un pasado minero

Unión de los ríos Mira y Blanco en la parroquia Jijón y Caamaño, ubicada en la provincia del Carchi. Fotos : Vicente Costales / EL COMERCIO

Unión de los ríos Mira y Blanco en la parroquia Jijón y Caamaño, ubicada en la provincia del Carchi. Fotos : Vicente Costales / EL COMERCIO

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Washington Benalcázar y
Redacción Negocios (I)

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Mencionar la palabra ‘minería’ en las parroquias La Carolina (Imbabura) y Jijón y Caamaño (Carchi) genera impresiones distintas entre sus pobladores. Unos ven en la actividad la posibilidad de hallar una fuente de empleo (formal o informal); para otros es sinónimo de contaminación.

Esos dos lugares, junto con las localidades aledañas de Lita y Goaltal, son el centro de debate, a propósito del pedido de consulta popular para decidir el futuro de la industria minera en ese sector, donde está el proyecto minero a gran escala Cascabel.

El pedido, en manos de la Corte Constitucional (CC), es promovido por Wilmer Meneses Ibarra, quien se autodenomina ‘procurador común de las cuatro parroquias’.

La iniciativa causó sorpresa, puesto que Meneses estuvo involucrado en esa actividad como minero artesanal hasta hace poco. Fue vocero del grupo Ecuamineros, formado por 10 asociaciones que se unieron formalmente en septiembre del 2018. También es parte de la Asociación de Producción Minera Río Verde del Mira (Asoprorimira).

Este Diario localizó a Meneses, de 36 años de edad, en Jijón y Caamaño, mientras cosechaba plátano verde junto a un ayudante en uno de sus terrenos, en lo profundo de la montaña. Confirmó que todavía pertenece a la Asociación, aunque afirmó que el gremio ya no funciona.

Además, el hombre reconoció que en el 2017 solicitó formalmente una concesión de 300 hectáreas para desarrollar minería artesanal, pero su pedido no fue autorizado.

En la Función Judicial reposa una causa en contra de Meneses por presunta actividad minera ilícita. En octubre del 2018, una jueza de la Unidad Judicial Penal de Otavalo dijo que no existían pruebas suficientes y no lo procesó.

Pero en enero de este año el Tribunal de Garantías Penales de Ibarra revocó esa decisión y lo llamó a juicio. Según la declaración que consta en el proceso, Meneses admitió que en julio del 2018 fue detenido por las autoridades mientras transportaba material con contenido aurífero mineralizado, pero dijo que lo hizo por encargo de Beatriz Vega, que tiene una mina artesanal legal en Llurimagua (Imbabura). El Fiscal argumentó que la concesión autorizaba la exploración y no la explotación del material.

Meneses aseguró a este Diario que ahora ya no se dedica a la minería, que no es minero. Explicó que promueve la consulta popular porque no se realizaron los procesos de difusión y consulta previa para la explotación de minerales metálicos, como ordena la Constitución. Y asegura que la minería afecta al turismo y a la agricultura.

En La Carolina y Jijón y Caamaño se cultiva gran variedad de frutas y vegetales, como plátano, caña de azúcar, maíz, guayaba, limón, pimiento y más. Las dos parroquias están rodeadas por imponentes montañas. Los ríos Mira y Blanco atraviesan las zonas. El clima es cálido y la vegetación es robusta. En ella habitan ardillas, tucanes, grillos y otras especies.

Ingreso a la parroquia La Carolina. A unos 500 metros de ahí hay un control policial y antinarcóticos. Foto: EL COMERCIO

Ingreso a la parroquia La Carolina. A unos 500 metros de ahí hay un control policial y antinarcóticos. Foto: EL COMERCIO


El interior de esta zona contiene oro y cobre, razón por la cual desde hace poco tiempo empezó a desarrollarse la minería, pero de manera artesanal e ilegal. Más adelante llegaron grandes consorcios mineros para desarrollar la actividad de manera formal.

“Aquí la gente no tiene adónde ir a trabajar, muchos se han ido a otros lados para ganarse la vida”, comentó una lugareña que no quiso dar su nombre. Ella habita en Jijón y Caamaño desde hace 20 años y votaría a favor de la minería en la zona.

Otro morador, Galo Minda, opina diferente y sostiene que se puede explotar mejor el campo para que la agricultura sea una opción rentable.
Él no está de acuerdo con las actividades mineras. “Nos van a contaminar el agua que tomamos”, dijo, mientras escogía granos de fréjol que cosechó en un terreno cercano.

Otras personas temen que la situación se desborde y ocurra lo mismo que en Buenos Aires (Imbabura), donde hay actividades de minería ilegal.

Armando Cadena, dirigente de la junta parroquial de Jijón y Caamaño, informó que se han detectado varios puntos de minería ilegal en la zona desde el año pasado, los cuales han sido clausurados por la Policía y el Ejército.

Entre autoridades cantonales y parroquiales hay desconocimiento sobre el tema de la consulta. La alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, se enteró del caso recién el jueves de esta semana. Pidió al Departamento Jurídico que haga un análisis del tema antes de pronunciarse.

El alcalde de Mira, Johnny Garrido, y el presidente de la Junta Parroquial del Goaltal, Raúl Yépez, dijeron que no sabían del pedido de consulta y que les tomó por sorpresa. Yépez comentó que conoce a Meneses, pero que no le informó que pensaba presentar la solicitud de consulta, pese a que se autodenomina “procurador” de las comunidades.

Cuatro gremios, incluido el minero, prevén pronunciarse hoy sobre este caso.

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