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La minería ilegal cambió la vida de Buenos Aires, en Imbabura

Así se veía este 3 de julio del 2019 una de las vías de Buenos Aires, adonde llegaron policías, militares y mineros. Foto: Alvaro Pineda para / EL COMERCIO

Así se veía este 3 de julio del 2019 una de las vías de Buenos Aires, adonde llegaron policías, militares y mineros. Foto: Alvaro Pineda para / EL COMERCIO

Así lucía la población de Buenos Aires en febrero del 2018. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En el centro poblado de Buenos Aires, Imbabura, la gente caminaba hasta el amanecer o pasaba en discotecas, karaokes y bares que mantenían la música a alto volumen. La vida cambió poco a poco desde finales del 2017 e inicios del 2018, cuando estalló la minería ilegal y comenzaron a llegar cientos de personas de diferentes provincias e incluso de Colombia y Venezuela.

Antes, los pobladores apagaban las luces antes de las 22:00. “Todo era más tranquilo”, dicen quienes nacieron y crecieron toda su vida en esa pequeña parroquia de Imbabura.

Ahora, en las estrechas calles caminan policías, militares y familias enteras que deben dejar las minas, luego de la declaratoria de excepción emitida el lunes 1 de julio de esta semana. Con esa decisión, se espera retomar la tranquilidad en toda la zona.

Poco a poco, las personas abandonan casas que antes ocupaban las familias del pueblo y ahora eran arrendadas.

Hasta antes de la emergencia, en el centro Buenos Aires se contrataba a gente que quisiera manejar taladros.

Allí se concentraban todos y subían a las minas, que quedan por ejemplo en la denominada ‘Ciudad de Plástico’. En febrero del 2018, cuando este Diario entró al lugar, era un pequeño asentamiento en el que se levantaban covachas construidas con plástico negro y estructuras de madera.

Pero ahora hay casas de tabla con techos metálicos. Ahí funcionaban tiendas, ferreterías, bares y clubes nocturnos.

Antes de que la explotación comenzara, toda la montaña estaba cubierta de vegetación.

Pablo Andrade, de 22 años, cuenta que su abuelo es propietario del terreno en donde están los asentamientos. Antes, allí se criaba ganado vacuno. Pero hoy todo está destruido. Así lucen cinco puntos en donde estaban los mineros ilegales.

Otro asentamiento nuevo es conocido como La Feria. Ahí la mayoría de casuchas tiene paredes de madera. En una de ellas se destaca un rótulo en el que se lee la frase Hotel Gran Colombia. Ofrece servicio de Internet y duchas con agua caliente. En el lugar está ubicada una carpa de lona en donde funciona el Mando Unificado de la fuerza pública.

Por ese lugar cruzó ayer, miércoles 3 de julio del 2019, la ministra de Interior, María Paula Romo, acompañada de la cúpula policial. El sector está resguardado por 300 uniformados de la Policía y el Ejército.

Este miércoles, cientos de personas aún abandonaban el lugar. Llevaban ropas, tanques de gas y otras pertenencias. Hasta las 14:00 de ayer salieron 2 500 personas. El Gobierno calcula que en toda la zona de minería ilegal hay unas 10 000 personas.

El número de detenidos también subió a 22 personas: 18 por delitos vinculados a la minería ilegal, dos por posesión de drogas, una por presunción de delito y una por tenencia de armamento. Se trata de un arma corta. Es la primera que se decomisa en este operativo.

Así se veía este 3 de julio del 2019 una de las vías de Buenos Aires, adonde llegaron policías, militares y mineros. Foto: Alvaro Pineda para / EL COMERCIO

Tras la intervención, en muchos ‘cambuches’ -como se denomina a las cabañas– se colocaron papeles de la Policía con la palabra: “inspeccionada”.

En una de estas, los gendarmes encontraron un laboratorio que tenía una pequeña chancadora artesanal, taladros industriales, planta de luz, entre otras herramientas. El lugar estaba abandonado.

En otras casetas, los uniformados hallaron el pasaporte de un ciudadano venezolano. También había ropa y utensilios de cocina abandonados.

En las casas había antenas satelitales. Todas contaban con instalaciones eléctricas, que eran instaladas con cables desde la parte baja de la montaña.

Un hombre que llevaba las pertenencias de una tienda que instaló en el lugar, comentó que los presidentes de cada sector les cobran por todo. USD 20 por la electricidad, 10 por el agua entubada y 3 por la recolección de desechos. Dijo que eran explotados.