El asesinato de su único hijo la dejó en cama. Ya no trabaja ni tampoco ríe. La tristeza ha empeorado su cuadro de diabetes. Y hace unos meses abandonó su casa, porque los recuerdos de su primogénito no la dejaban dormir. Glenda Correa vive en Huaquillas, una localidad de El Oro asentada en la frontera con Perú.
La mujer permanece en la casa de su hermana. Ella la acogió tras la muerte de su hijo Renzo Aguilar. Para toda la familia ha sido un proceso duro de llevar y más aún cuando se enteraron que el militar que lo asesinó salió en libertad.
La noticia recorrió las calles de Huaquillas hace seis días. Lo mismo ocurrió en Aguas Verdes y Tumbes, ciudades del lado peruano. Los periódicos locales titularon el acontecimiento con letras grandes y rojas. “Juez abre las rejas del penal a militar que mató a ecuatoriano en el filo del canal internacional”, se leía en uno de los diarios.
Glenda guardó esa publicación como prueba de que nadie les ayudó en el proceso. Para la mujer, de bajos recursos económicos, recordar el horror que vivió el 25 de mayo de 2021 es duro.
Ese día eran las 18:30 cuando Renzo, de 20 años, se topó con su asesino. El joven había cruzado al Perú a dejar unas frutas en Aguas Verdes. Ese era el negocio que tenía con su madre. Vendían naranja, mandarina, piña y plátano. Tras cobrar del pedido regresaba a Ecuador por una hacienda que estaba en plena línea fronteriza. Allí estaban 10 ecuatorianos más y otros peruanos que también querían cruzar a Ecuador.
Las circunstancias
Los testigos dicen que Renzo se acercó al militar para pedirle que lo dejara pasar y este se negó. De inmediato rastrilló su fusil y disparó al menos cuatro veces. Dos de los proyectiles impactaron en las piernas del joven.
“Asesino, asesino, lo mataste”, fueron los gritos que se escucharon. Glenda, que vivía a pocos metros, se asustó y corrió para ver qué había sucedido. “Jamás me imaginé que era mi hijo. La gente me gritaba: ‘Glendita, mataron a Renzo”, cuenta.
Ella llegó al sitio y trasladó a su hijo hasta el centro de salud de Huaquillas. De esa casa de salud lo llevaron a Machala y al siguiente día Renzo falleció por un paro cardiaco fulminante.
El militar que disparó fue detenido horas después por la Policía de Perú. La gente comenta que tras disparar empezó apuntar a todos con el fusil para que no lo detuvieran. Incluso, uno de sus superiores le había pedido que huyera del lugar y salió corriendo.
Tras sepultar a Renzo en el cementerio de la vía Gualtaco, su madre se enteró que el militar estaba detenido en un penal de Tumbes. Allí permaneció hasta el pasado 6 de junio cuando fue liberado.
Glenda cuenta que el Consulado de Ecuador en Tumbes la estaba ayudando. “La Cónsul me asignó una abogada, pero no han hecho nada para evitar que salga en libertad el culpable”, dice.
La Cónsul a la que se refiere Glenda es Edith Pino. La funcionaria dejó ese cargo el pasado 31 de mayo. Joffre Balseca, encargado de los servicios consulares, niega que se haya pagado o asignado un abogado a la familia de Renzo. Él aclara que dieron “un seguimiento” al caso y que asistieron a la audiencia como “observadores”, pues no pueden ser actores en el proceso.
Derechos humanos
Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos, estas aseveraciones son “excusas débiles”, pues dice que el Consulado sí debió tener un papel más protagónico.
“Es una ejecución extrajudicial de un soldado de un Ejército extranjero frente a un joven ecuatoriano. ¡Es un delito tan grave! Se nota un trato negligente y poco claro de parte del Consulado ecuatoriano”, dice Navarrete.
De allí que ha mencionado que van a reclamar una explicación al Consulado de por qué el caso no avanza si hay pruebas de la autoría del crimen y testigos presenciales.
La familia de Renzo pide que el caso no quede en la impunidad y que el presidente Guillermo Lasso pida más acciones para que el juicio se agilite y se llegue a una sentencia.
Proceso judicial
El delito por el cual es imputado el militar peruano es contra la vida. DD.HH. dice que se debería tratar el caso por ejecución extrajudicial.
En el proceso judicial se presentaron siete testigos, tres peritos y 32 documentos. La Fiscalía de Perú había solicitado que se ampliara el plazo para la prisión preventiva del uniformado.
En total, el militar permaneció nueve meses en el penal de Puerto Pizarro de Perú. Se trata de un suboficial de la Tercera del Ejército Peruano y tendría 27 años de edad.
El juez que negó la solicitud de ampliar la prisión preventiva del acusado se llama Pedro Pablo Arévalo. El magistrado dispuso medidas que garanticen el arraigo del uniformado.
El Consulado de Ecuador en Tumbes dice que no tiene ningún informe oficial al respecto de este caso. La Cancillería de la república aún no nombra a un nuevo cónsul.