20 de enero de 2021 00:00

Tres años luego del ataque al cuartel de San Lorenzo, 9 imputados dilatan las condenas

Así se encuentra en este momento el cuartel de la Policía atacado por los disidentes. Foto: Cortesía

Así se encuentra en este momento el cuartel de la Policía atacado por los disidentes. Foto: Cortesía

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Sara Ortiz

Las pesquisas señalan a 17 personas. Unos transportaron de Mataje a San Lorenzo 200 libras de nitrato de amonio, para construir una bomba. Otros elaboraron el explosivo y hubo quienes robaron una camioneta 4x4 para instalarlo. Así se perpetró el ataque terrorista al cuartel de San Lorenzo, la madrugada del 27 de enero de 2018.

Tres años después de ese atentado, tres de los sospechosos siguen prófugos y 14 fueron condenados, pero nueve de esas sanciones todavía no están en firme. Sus abogados presentan recursos y dilatan la entrada en vigencia de la pena.

En la práctica, el caso sigue activo. Eso significa que quienes apelaron aún tienen vías legales a las que pueden recurrir para modificar la sentencia, reducirla, anular el proceso o conseguir su inocencia.

Las peticiones planteadas ahora se encuentran en la Corte de Justicia de Esmeraldas.

En noviembre pasado, el órgano judicial convocó a una cita para resolver el pedido. La diligencia fue suspendida.

Desde entonces, la Fiscalía espera una fecha para acudir a la audiencia. La tesis de esta entidad es que los nueve que apelaron participaron en el ataque terrorista y que las sentencias que van desde siete a 17 años deben ser confirmadas.

Mientras el expediente siga activo, el Estado tampoco puede cobrar los USD 39 400 fijados como reparación integral. De ese monto, USD 31 520 debían pagar alias ‘Amarillo’ y alias ‘Antonio’, identificados como claves en el ataque.
En el expediente que revisó este Diario consta que ellos fueron delegados para organizar el ataque con carro bomba.

Según los investigadores, ambos tenían cargos de confianza en la organización delictiva Oliver Sinisterra, que operaba en la frontera norte y que lideraba alias ‘Guacho’, abatido en el 2018 por las Fuerzas Armadas de Colombia.

‘Amarillo’ y ‘Antonio’ recibieron la máxima pena: 17 años y cuatro meses.
Por ahora, la Policía también rastrea a los tres fugitivos:alias ‘Gringo’, ‘Guadaña’ y alias ‘Sombra’ o ‘JJ’. La Fiscalía los ubicó como jefes de escuadras, pues dirigían a más de 20 hombres y mujeres a su cargo.

Desde julio del 2018, los tres tienen una difusión roja emitida por la Interpol (Policía Internacional) con la que se ordena su búsqueda, captura y extradición al Ecuador.

Las últimas investigaciones sobre el paradero de los tres sospechosos indican que se encontraban en el sur de Colombia en los departamentos de Nariño y Meta. En este último sitio, según un reporte de Inteligencia, tendrían vínculos con disidentes de las FARC, quienes se encargan del procesamiento de la cocaína.

Sobre ellos, en el expediente se dice que ejercían una influencia ideológica y política en el resto de la mafia.

Esto fue identificado por medio de banderas, fotos, afiches y publicaciones que se encontraron en sus páginas de Facebook y entre las evidencias recogidas en 16 casas que fueron allanadas para capturarlos.

En una de las fotos colgadas en la red social se observaba cómo un hombre sostenía una subametralladora y en el fondo de la imagen aparecen los carteles del gobierno de Colombia sobre la desmovilización.

El sitio donde fue tomada coincide con las veredas o campamentos para quienes dejaron las armas. Por Facebook y por sus mensajes de WhatsApp se conoció la identidad de los que grabaron la explosión del cuartel, pues colgaron fotos y videos en los perfiles.

Hoy, en San Lorenzo, las paredes destruidas por la explosión ya fueron levantadas. Las casas afectadas alrededor del recinto policial están reconstruidas. Javier, quien vive atrás del edificio, dice que la gente ya no habla sobre el suceso.

Policías advierten que, al momento, el sitio está completamente reconstruido y que tiene dos torres de vigilancia desde donde se observa el trajinar de la ciudad fronteriza.

“Tres años después de lo que ocurrió con la explosión, los problemas sociales siguen; no podemos negarlo, pero también se han presentado menos crímenes y ya no existen atentados”, indica el alcalde de San Lorenzo, Glen Arroyo.

Según él, la seguridad mejoró después de que se cumpliera el primer año del ataque. Su argumento se sustenta en los homicidios reportados en los dos últimos años. En el 2019 fueron 18 y en el 2020 nueve.

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