El presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, Marcelo Merlo, se pronunció este miércoles, 25 de julio del 2018, sobre la suspensión de la jueza Paola de los Ángeles Dávila López de su cargo en la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) tras revocar la prisión al exministro Iván Espinel. Foto: EL COMERCIO
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que la suspensión por 90 días de la jueza Paola de los Ángeles Dávila fue una medida que se tomó debido a la “gravedad y urgencia” del caso.
“No se trata de una destitución y peor aún de injerencia en el ámbito jurisdiccional, conforme se ha dado a entender por varios medios de comunicación que han sido inducidos a error”, dice Merlo en un comunicado hecho público la tarde de este 25 de julio del 2018.
La jueza fue temporalmente separada de su cargo tras levantar la orden de prisión preventiva del exministro Iván Espinel, acusado de lavado de activos, y sustituirla por el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Entre los juristas que han rechazado la suspensión de la jueza está Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura. Él ha señalado que esta medida daña la independencia la independencia judicial.
Merlo, en su comunicado, también indica que la disposición contra la jueza la tomó amparado en el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se dispone la suspensión de un juez en casos “graves y urgentes”.
El Presidente de la Judicatura también asegura que recibió una denuncia de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, en donde advertía sobre el error de sustituir la prisión de Espinel, en un juicio por lavado de activos, un delito considerado grave.
“Frente a la normativa disciplinaria, cuestionada o no, es el mecanismo legal vigente para responder a cualquier denuncia y precautelar la correcta administracción de la justicia. No está en nuestras manos modificar el régimen disciplinario, esta tarea le corresponde a la Asamblea Nacional”, señaló Merlo.