Mafias piden hasta USD 300 a presos para su seguridad en cárceles de Ecuador
Ayer, un grupo de militares custodiaba el ingreso a la Penitenciaría de Guayaquil. Foto: Mario Fausto / EL COMERCIO
Los comprobantes de los depósitos bancarios están archivados en una pequeña caja de cartón. Marcia tiene guardados allí todos los pagos que ha realizado, mensualmente, para que su esposo no sea agredido en la cárcel de Cotopaxi.
Él está allí hace un año; desde entonces, cada semana llama a su familia para informarles la cantidad que le exigen los jefes de las bandas que operan en esa cárcel. La última ‘colaboración’ se entregó la semana pasada. El monto fue de USD 40. “Los caporales pidieron dinero para arreglar el sistema eléctrico de las celdas”, dijo.
Tres días fue el plazo que los desconocidos les dieron para cumplir con la cuota. La mujer tuvo que pedir un préstamo a su hermano.
Las familias de otros privados de libertad tienen archivados depósitos por USD 20 y 40. En esas ocasiones les dijeron que eran “para pintar el pabellón”, “para reparar los baños”, obras que hasta ahora no se concretan.
Durante los meses de la pandemia, las bandas exigieron USD 80 a cada detenido, para un cargamento de frutas que nunca llegó.
Agentes de la Policía, que trabajan en las cárceles del país, conocen de estos hechos y revelan que las redes de extorsión son fuentes de dinero que las mafias tienen en las cárceles para financiar sus ilícitos dentro y fuera de los centros penitenciarios. Los agentes señalan que los jefes de los pabellones y los caporales piden hasta USD 300 por supuestas seguridades.
Siete familiares de otros presos también tienen los comprobantes de USD 20 que transfirieron a una mujer desde marzo pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria por el covid-19.
Según las víctimas, ella era el nexo para que los pagos llegasen a manos de los jefes de las bandas. De esta forma, sus parientes tenían garantizadas “la seguridad” y “la comida”. Si las cuotas no se cumplen, los presos son encerrados en celdas y luego agredidos brutalmente.
Ese fue el caso de un interno que tiene heridas en su brazo. Su madre cuenta que le clavaron “un fierro” al incumplir con una ‘colaboración’. Esto sucedió hace un año y seis meses en un centro de detención en Quito. Hoy continúan aún los requerimientos económicos, pero en la cárcel de Turi (Azuay), adonde fue trasladado.
La mujer relata que los pedidos de dinero se hacen de manera sorpresiva y siempre con plazos cortos para hacer los depósitos. En una ocasión le pidieron USD 100 de un día para el otro.
Otros parientes de presos de esa cárcel indicaron que tras los enfrentamientos violentos del 3 de agosto pasado -cuando murieron 11 presos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil- se les exigió de urgencia USD 50 para “garantizar la vida” de sus familiares. Ninguno denunció los hechos por temor.
El 2019, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai) indagó 10 denuncias por supuestas extorsiones. Las autoridades piden a las familias que denuncien los hechos. Las víctimas temen que funcionarios estén involucrados.
Eso, por ejemplo, se conoció el 1 de octubre pasado. Ese día, el entonces director de la Penitenciaría de Guayaquil, Héctor Reyna, fue detenido. La Fiscalía dijo que él formaba parte de una red de extorsión. Entre las supuestas víctimas estarían los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman, ambos atacados en su celda. La Fiscalía investiga un video en el que se escucha un acuerdo de pagos.