El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a la consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, a su llegada a la reunión extraordinaria del Consell Executiu, tras la cual él y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha anunciado la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia de Cataluña que prevén convocar. Foto: EFE
El Gobierno español advirtió hoy, 9 de junio de 2017, de que recurrirá “todos y cada uno de los intentos” que supongan un “desafío” al Estado de Derecho, en alusión a la voluntad de las autoridades de la región autónoma de Cataluña de celebrar un referéndum sobre su independencia el 1 de octubre de 2017.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de hoy, el ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que se recurrirá cualquier actuación que “pase del anuncio a los hechos” en el camino de la celebración de una consulta de ese tipo.
El Gobierno de Cataluña ha anunciado hoy la intención de convocar para la fecha citada un referéndum sobre la independencia de ese territorio, de 7,5 millones de habitantes.
“Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, es la pregunta que las nacionalistas que gobiernan esa región del noreste de España plantearán a los ciudadanos, según anunció el presidente catalán, Carles Puigdemont, mientras estaba reunido el Consejo de Ministros español.
El Gobierno de España mantiene que esa consulta soberanista es ilegal e inconstitucional y ha dejado claro reiteradamente que adoptará todas las medidas necesarias para impedirla.
Méndez de Vigo afirmó que el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum responde a una “estrategia cada vez más minoritaria, unilateral y radical” y a una “escenificación” que refleja la “soledad y aislamiento” de los soberanistas catalanes.
También recordó al presidente catalán la “obligación” de proteger los derechos de todos los ciudadanos y de preservar la neutralidad política de las instituciones y de los funcionarios catalanes, “que no tienen por qué verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren al mantener un desafío al Estado de Derecho”