‘Esta ley no fue avalada colectivamente’

Redacción Política

Dentro y fuera de la Comisión de Comunicación se dijo que la creación del Consejo de Comunicación iba por mal camino. A. País, con sus seis votos, optó porque sea un ente  sancionador. Ahora, al interior del movimiento, se dice que hay vacíos. ¿Por qué?

Esta no es una ley de A. País ni del Gobierno. Es una propuesta que llegó desde el asambleísta César Montúfar; de la representante de Pachakutik, Lourdes Tibán, y de un compañero de  País, Rolando Panchana. Su proyecto (el de Panchana) no fue debatido en el movimiento y no tiene componente gubernamental. Ahora que hay el informe, la gente de A. País, que somos libres y valoramos la democracia participativa, estamos creando las condiciones para tener una postura, ojalá, unificada, para el primer debate de la Ley de Comunicación
 
Usted cuestionó al Consejo planteado en el proyecto de la comisión. ¿Habrá un criterio unificado sobre ese tema?

Hay que llegar a un acuerdo general sobre el concepto de la participación del Estado. Estamos claros que el Estado debe garantizar los derechos. 

Si hay delitos que pueden ser sancionados penalmente, por qué se quiere reemplazar a los fiscales y jueces¿Cómo puede actuar?

Yo creo que ya lo está haciendo. Hay que crear medios alternativos, hay que hacer más democrático al espectro radioeléctrico.
 
¿Usted cree que debe existir un Consejo?

No estoy seguro, estoy en duda y creo que no soy el único. En el mundo entero se debate el tema, porque siempre hay la posibilidad de que se piense que esto es una censura. Para crear un Consejo de Comunicación hay que definir primero qué hacer desde el Estado y luego cómo hacerlo.

¿Eso no se hizo?

Creo que la ley tiene problemas porque cuando fue pensada tenía muchos temas de telecomunicaciones y cuando retiraron esos temas, el consejo quedó cojo.

Su proyecto (el de Panchana) no fue debatido en el Movimiento País y no tiene componente gubernamental¿Un defensor del público sería la opción?

Los defensores son mecanismos que el Estado puede incentivar, como derecho de la ciudadanía para acceder a una comunicación veraz como dice la Constitución. Y también hay que pensar cuál es el rol de los medios públicos, privados y comunitarios; porque no hay que controlar, si cabe el término, solo a los privados. Los ciudadanos sí podemos hacer ese control, al cambiar de dial cuando creamos que no es el adecuado. También debe existir una responsabilidad ulterior. En la Asamblea hicimos un esfuerzo, y eso no está contemplado en la Ley, para que la Corte Constitucional pueda obligar a un medio, que se haya negado, a publicar una réplica de un ciudadano. Ahí está un órgano del Estado, para qué crear otro más.
 
¿Hay que cambiar la ley desde su raíz? Desde los principios, esta se refiere solo a los grandes medios.

En el informe (proyecto) hay una explicación de los motivos y considerandos que fueron tomados textualmente de la Constitución. Hay que hacer un esfuerzo  y no solo copiar la Carta Política sino desarrollarla. Hay que ver las eventuales contradicciones que pueden aparecer entre un artículo y otro. Si uno lee  el  66, que dice que no hay censura previa y que el Estado no puede intervenir, pero hay otro que señala que el Estado debe propiciar el derecho a recibir una información veraz.  

¿Hay que repensar la ley desde los principios?

Repensar la ley no significa una crítica negativa. Es la gran oportunidad de hacer de la Ley de Comunicación una de las mejores. 

¿Si el consejo debe volverse a pensar, entonces las sanciones administrativas van por el mismo camino?

Claro. Hay que ver la pertinencia de las sanciones. Si hay delitos que pueden ser sancionados penalmente, por qué se quiere reemplazar a los fiscales y jueces. Eso no puede ocurrir   en un Estado de Derecho. No estoy diciendo que no deben quitar la señal a un medio cuando, por ejemplo, provoque o aliente un golpe de Estado. Pero, que se le haga un juicio, un  debido proceso denunciándolo a la Fiscalía. Un órgano administrativo no puede hacer ese trabajo, porque rompe el principio de la unidad jurisdiccional.

¿Se debatirá el artículo de la responsabilidad ulterior que sirve de piso para las sanciones administrativas?

Soy arquitecto y tengo responsabilidad ulterior, durante 10 años, si me equivoco en un plano y se cae la casa.

Las críticas no fueron a ese concepto, sino a que se  incluyó un  inciso de Rolando Panchana que señala que la violación a la responsabilidad puede ser castigada por sanciones previstas en esta ley.

No fue una ley conocida por nosotros ni avalada colectivamente. Estamos en el derecho y en el momento de hacer conocer nuestras observaciones. Ahí a va quedarse sin piso lo que ha dicho la oposición de que esta es una consigna de A. País y el Gobierno.

Ese texto se reconsideró la noche del 11 de noviembre con votos de Alianza País y de Jimmy Pinoargote.

Como no nos contaron lo que hicieron y no consultaron nuestras opiniones, ahora tienen que escucharnos. Si estamos hablando de que no haya  censura de la comunicación, aquí estamos respaldados por la Ley para decir lo que pensamos. No creo que A. País vaya avalar una tesis de un Consejo que no está definido en sus competencias y tiene un repertorio de sanciones. Habrá discrepancias en el movimiento, pero hay personas que pensamos que no hace falta ese Consejo.