Más de 40 organizaciones de derechos rechazaron dos informes presentados por la Comisión de Justicia de la Asamblea. Se trata de los que pasaron para la votación del proyecto de Ley de aborto en casos de violación.
A través de un comunicado, las organizaciones convocaron al Plantón contra la tortura de la clandestinidad y la maternidad forzada. Será desde las 08:00 de este jueves 17, en el exterior de la Asamblea Nacional. Este día está prevista la votación del proyecto de ley.
Un retroceso
Quienes suscriben el comunicado señalan que hicieron un análisis de los informes de mayoría y de minoría. Con ello se determinó que ambos incumplen la sentencia de la Corte Constitucional. Además, constituyen un retroceso en la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y de la atención integral, dice el documento.
En este también se lee que ambos informes condenan a la maternidad forzada, la clandestinidad y la muerte a miles de niñas, mujeres y personas sobrevivientes de violación. En promedio, el 88% de casos que las organizaciones han acompañado no habría podido acceder con los plazos estipulados en ambos informes, aseguran.
En el informe de mayoría se redujeron los plazos para que las víctimas. Estos quedaron en 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales; y en 16 semanas para las mayores de 18 años. Con esto se imposibilita el acceso real a interrupciones legales a las víctimas más vulnerables, sostienen los colectivos.
Las organizaciones señalan que el informe de minoría fomenta la revictimización y la violencia obstétrica. Esto, debido a que permite la objeción de conciencia institucional, es decir cuando una institución entera niega el derecho a la atención médica a una paciente por razones morales, dice el comunicado.
Estado y asambleístas deberán rendir cuentas
Advierten que demandarán al Estado ecuatoriano por cada caso de maternidad forzada. Lo harán tanto en instancias nacionales como internacionales.
“Exigiremos el derecho a la repetición a cada asambleísta por todos los daños que se produzcan como consecuencia de disposiciones discriminatorias e inconstitucionales que generen estos proyectos en la vida, salud e integridad de las niñas, adolescentes, personas gestantes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se limitarían sus derechos humanos como consecuencia de la aprobación de cualquiera de los dos proyectos de Ley”.