La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, anunció el 5 de abril de 2025 que acudió a la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza), para presentar lo que califica como un expediente documentado por violencia a sus derechos humanos, políticos y fundamentales.
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Denuncia internacional por violación de derechos
“Estoy aquí en Ginebra, frente al Palacio de las Naciones Unidas (…), para traer mi expediente debidamente documentado por la violencia a mis derechos humanos, a mis derechos políticos, como mujer, como madre”, afirmó Abad en un video publicado en su cuenta de X.
Aunque no detalló con qué organismos mantuvo reuniones, aseguró que su intención es dejar un precedente para que “nunca más esto vuelva a ocurrir con las mujeres en cargos públicos o privados en el Ecuador”.
La suspensión y el conflicto político
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos de Abad por dos años, en una sentencia de última instancia. Esa resolución derivó en su inhabilitación para ejercer cargos públicos y le impidió asumir la presidencia durante la campaña electoral del presidente Daniel Noboa.
Sin embargo, Abad insiste en que sigue siendo la vicepresidenta electa. Desde Turquía, donde estuvo antes de viajar a Suiza, publicó un video en el que asegura que, aunque han intentado vulnerar sus derechos, “¡sigo siendo la Vicepresidenta electa de Ecuador!”.
La Asamblea Nacional respalda esa postura. Emitió una certificación en la que se establece que no ha existido destitución, renuncia, abandono del cargo ni ausencia médica que justifique su reemplazo.
Verónica Abad aseguró que el Estado la ha abandonado, pero que la acompaña la verdad. Su viaje a Ginebra, explicó, tiene como objetivo buscar eco internacional y justicia.
“Esta lucha no es solo mía, es de todas y todos los ecuatorianos que defendemos la democracia, la libertad y el derecho a ser escuchados”, escribió.
La última aparición pública de Abad fue el 3 de abril, cuando reafirmó su condición de vicepresidenta. Desde entonces, insiste en que el país debe reconocer que no ha habido una cesación formal de su cargo, y que cualquier acción que intente apartarla constituye una violación a sus derechos y a la institucionalidad democrática.
