15 de septiembre de 2020 00:00

Fuerte afluencia en las oficinas judiciales; Fiscalía y Defensoría Pública atienden a usuarios

Lorena acudió a la Fiscalía de Pichincha para consultar sobre los avances que tiene su expediente judicial. Foto: EL COMERCIO

Lorena acudió a la Fiscalía de Pichincha para consultar sobre los avances que tiene su expediente judicial. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero

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La fila fue larga. Unos querían denunciar y otros buscaban a los fiscales para conocer cómo avanzan sus expedientes. Las oficinas fiscales de Quito restablecieron ayer 14 de septiembre del 2020 la atención al público luego de que el 16 de marzo cerraron sus puertas a causa del coronavirus.

Hoy 15 de septiembre del 2020, la disposición es que operen con un aforo máximo del 50%. Las medidas de bioseguridad son estrictas: distancia de dos metros, toma de temperatura y uso de gel antibacterial.

En la fila está Luis Cachago. Llegó a presentar una denuncia por estafa, pues perdió USD 8 000 que depositó en la cuenta de un falso vendedor de vehículos con el que se contactó por Internet el 13 de agosto.

Allí, además, espera Lorena. Ella pide que un fiscal agilite una investigación por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija.

Información de Fiscalía señala que antes de que estallara la emergencia por el covid-19, sus oficinas recibían un promedio de 6 500 denuncias por semana.

Hoy son 3 700. Según esas cifras, el mayor impacto se ve en los delitos sexuales, que reporta una baja del 46%.

Ítalo Chamba también acudió a las oficinas fiscales. Esperó una hora y media para poner una queja judicial por el delito de lesiones. Cuenta que el pasado 6 de agosto, un hombre lo golpeó en la calle con un palo hasta dejarlo inconsciente. El hecho ocurrió en la Victoria Alta, en el sur quiteño.

Ítalo Chamba presentó ayer una denuncia por el delito de lesiones, tras sufrir una agresión física en la calle. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Ítalo Chamba presentó ayer una denuncia por el delito de lesiones, tras sufrir una agresión física en la calle. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En Pichincha, 12 871 expedientes que se hallaban en investigación previa se frenaron por la pandemia. Los usuarios piden que los trámites se agilicen. Pero la Fiscalía necesita 440 agentes adicionales a los 834 que operan en el país.

Robo y asalto, estafa, intimidación, homicidio, expedientes por temas viales son las causas más frecuentes.

En la Fiscalía de Tránsito también se registró una larga fila. 1 386 vehículos que estaban retenidos en Quito hasta el mes pasado necesitan un escrito fiscal para ser retirados.

Una funcionaria, protegida con traje de bioseguridad, mascarilla y visor facial revisa la cédula de identidad de cada usuario antes de ingresar.

Allí estuvo Bryan Taco, un abogado que pide un documento para retirar el auto de su cliente que está retenido en el patio de Calderón.

Él cuenta que el pasado 14 de marzo su defendida se impactó contra un poste en la vía a El Quinche. Otras tres personas realizaban trámites similares.

Con el fin del estado de excepción en el país, las oficinas de este tipo retoman poco a poco las tareas presenciales.

Por ejemplo, en las unidades judiciales que operan en Pichincha y en las oficinas nacionales de la Defensoría Pública se dispuso aumentar el aforo de atención al público y el número de funcionarios que realizan trabajo presencial.

Esta última entidad trabajó ayer con el 50% de la capacidad física. Hasta el viernes lo hacía con el 25%. En la oficina de Quito fue atendida Evelyn Parco. Ella anuló un acuerdo de mediación para el pago de pensiones alimenticias de su hija de 4 años.

Evelyn Parco acudió a la Defensoría Pública en Quito para anular un acuerdo de mediación de pensión alimenticia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Evelyn Parco acudió a la Defensoría Pública en Quito para anular un acuerdo de mediación de pensión alimenticia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Este trámite lo realiza luego de que en julio regresara a vivir con el padre de su pequeña.

En la Defensoría Pública también estuvo Susana Alvear.
Pide asesoría para interponer una demanda contra su esposo por violencia intrafamiliar.

Datos de la Defensoría Pública muestran que desde el 17 de marzo hasta el 30 de junio se reportaron 10 032 patrocinios legales en el país por temas de violencia intrafamiliar, casos de tráfico de drogas y delitos de tránsito. Solo en Pichincha hubo 1 247 atenciones.

El COMERCIO también visitó ayer (lunes 14 de septiembre del 2020) el Complejo Judicial Norte, uno de los más grandes de la capital. Ayer, el aforo pasó del 30 al 50%. A las 11:00 hubo una fila de usuarios que se extendió dos cuadras.

María Belén Cando tuvo que esperar 30 minutos para presentar una demanda en la Sala Laboral por el despido intempestivo de su madre.

Cuenta que trabajó como empleada doméstica y que al ser despedida le dieron USD 300 de liquidación por 14 años.

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