Este 17 de abril del 2019, personas a favor y en contra de Martha se manifestaron afuera de Flagrancia. Foto: EL COMERCIO
El caso de Martha pasó a una nueva instancia judicial. El pasado miércoles 17 de abril de 2019, los tres sospechosos de la violación grupal de la mujer de 35 años fueron llamados a juicio, tras una audiencia reservada que se realizó en la Unidad de Flagrancia, en Quito.
La diligencia motivó una nueva movilización de los activistas por los derechos de las mujeres y organizaciones civiles. Su objetivo fue evidenciar la violencia sexual que sufren las mujeres en el país a partir de este caso puntual.
“Justicia para todas las víctimas”, gritaban afuera de la dependencia pública.
Desde el 2017 hasta enero de este año, la Fiscalía ha recibido 10 866 denuncias de violaciones. Las cifras significan un promedio diario de 15 agresiones sexuales en contra de niños, adolescentes y mujeres.
Para la organización Vivas Nos Queremos, que lideraron la manifestación, el juicio de Martha deja un precedente, ya que la Fiscalía lo manejó el caso como una violación grupal grave.
La abogada de Martha, Catalina Ávila solicitó la pena máxima para los agresores. “Lo que agrava este terrible hecho es que los tres eran amigos de la víctima y se aprovecharon de esa relación”.
En enero pasado, la joven fue abusada durante una reunión con amigos, en un bar-restaurante de Quito.
Según las investigaciones, el dueño del local y dos amigas de Martha salieron a comprar bocaditos. Ella se quedó con sus tres amigos.
Cuando el dueño y las dos mujeres regresaron, la encontraron desnuda, inconsciente y con signos de violencia.
En el lugar había un taco de billar, vasos y botellas con rastros de sangre. Uno de los hombres estaba sin camiseta y con el pantalón desabrochado. La joven estuvo tres días hospitalizada, debido a sus heridas.
Mayra Tirira, vocera de la fundación Surkuna, dice que este caso mostró también las fallas en los sistemas de atención a las mujeres violentadas, sobre todo la falta de peritos psicológicos y trabajadores sociales en la Fiscalía. Además, la falta de fiscales especializados en violencia de género.
Por ejemplo, en Santo Domingo de los Tsáchilas no existen peritos en psicología para valorar el estado de estrés que parecen las víctimas, tras un abuso sexual o violación.
Ayer, en la audiencia preparatoria de juicio, la jueza Gloria Pinza, a cargo del caso, confirmó la validez de las evidencias recopiladas por la Fiscalía, entre estas consta la pericia psicológica de Martha. Otra prueba es el informe a los videos extraídos de los celulares de los procesados con los que se habrían grabado la vejación.
En el expediente existen además versiones, exámenes médicos a la víctima, el testimonio de Martha, las pericias con los resultados del cotejamiento de las muestras de ADN tomadas a los tres procesados y a la víctima.
En la diligencia judicial, la jueza también ratificó la orden de prisión preventiva en contra de los tres procesados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel regional de Latacunga, en Cotopaxi.
De acuerdo con el Código Penal (Art. 171), los tres se enfrentan a penas que van desde los 19 a los 22 años de cárcel.
Edwin Román, abogado de dos de los acusados, asegura que sus defendidos no participaron de la agresión. Según el jurista, en el análisis que se realizó a un video se comprobó que no aparecen las voces de sus clientes. En este caso hay un cuarto procesado, pero él fue excluido del caso luego de que la Fiscalía no encontrara pruebas en su contra.
Luego de conocerse el fallo, las activistas que apoyaban a Martha celebraron la decisión con abrazos. Los manifestantes gritaron consignas como “justicia para Martha”, “no estás sola” o “Martha, estamos contigo”. Además, tenían pancartas, banderas, carteles y tambores.
Este plantón fue organizado por la plataforma de Vivas Nos Queremos. Una representante de esa agrupación, Jeanneth Cervantes, indicó que el objetivo de esta manifestación “es decirles a las personas que ni Martha ni ninguna mujer son responsables de sufrir violencia sexual”.
Otras organizaciones de mujeres pidieron que este caso sea un referente para que ya no ocurran hechos de violencia intrafamiliar, femicidios y los delitos sexuales.
Los allegados y familiares de los tres sospechosos también se manifestaron afuera de la Unidad de Flagrancia. Acudieron a la audiencia portando pitos, carteles y fotos. Gritaban consignas como “libertad y justicia”, “no son violadores, son inocentes” y “no hay pruebas”.
Ambos grupos protagonizaron agresiones y cruce de palabras. Fue necesaria la presencia de la Policía para controlar la seguridad.