Tras dos meses de investigaciones se cerró la fase de investigación pública. El viernes 12 de abril se inició la audiencia preparatoria de juicio. En ella, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra los primeros tres detenidos y se abstuvo de acusar a la cuarta persona. En la foto, el pasado 21 de enero del 2019 se realizó un plantón en Guayaquil que se denominó “Todos somos Martha”. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Fiscalía de Pichincha emitió dictamen acusatorio contra Juan M. y los hermanos John y Danny P., como autores directos de la violación grupal a Martha (nombre protegido), de 35 años, en Quito.
El 13 de enero del 2019, la mujer fue hallada sin ropa, adormitada, mojada en el baño de un bar en el norte, atacada por tres hombres. Estuvo en el sitio por un cumpleaños, habían llegado otras dos mujeres y cuatro hombres.
Según las investigaciones, la tarde de ese domingo Martha se quedó en el local. Estaba acompañada por dos amigos y otro ciudadano al que había conocido hace poco.
El dueño del local y dos mujeres salieron a comprar ingredientes para elaborar bocaditos para la fiesta. De acuerdo con las versiones, los tres volvieron cerca de las 16:00 y tuvieron que forcejear la puerta para ingresar al local.
Allí dijeron haber encontraron a la mujer inconsciente. Uno de los hombres estaba sin camisa y con el pantalón desabrochado. Por eso realizaron una llamada al 911.
Los ahora acusados fueron detenidos ese día por la Policía y se los trasladó a la Unidad de Flagrancia. Un mes y medio después se detuvo a una cuarta persona: Xavier E.
Tras dos meses de investigaciones se cerró la fase de investigación pública. El viernes 12 de abril se inició la audiencia preparatoria de juicio. En ella, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra los primeros tres detenidos y se abstuvo de acusar a la cuarta persona.
Después de escuchar a las partes procesales, la jueza de Garantías Penales, Gloria Pinza, ratificó la prisión preventiva en contra de los tres detenidos, que se hallan en el Centro de Rehabilitación de Latacunga. La audiencia se suspendió y se anunció su reinstalación para el miércoles 17 de abril.
Durante la diligencia, la jueza declaró la validez del proceso y precisó que no se han vulnerado los derechos ni de la víctima ni de los procesados. Entre las pruebas que presentó Consuelo Tapia, fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Pichincha, están los informes de videos que se extrajeron de los celulares que ese domingo tenían los procesados.
Además, entregó versiones de quienes están vinculados al proceso, exámenes médicos y psicológicos de la víctima, versiones de los agentes policiales que atendieron la emergencia el día en que ocurrieron los hechos y el testimonio anticipado de la afectada.
También se tomaron en cuenta los informes periciales con los resultados del cotejamiento de las muestras de ADN tomadas a los tres detenidos y a la víctima.
La Fiscalía procesó el caso Martha bajo el artículo 171 del Código Integral Penal (COIP), que se refiere a que la violación de una persona privada de la razón o sentido se castiga con una pena privativa de la libertad de 19 a 22 años.
El COIP contempla que se sancione con el máximo de la pena cuando “la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente” o cuando la o el agresor es “cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima”. En este caso existen agravantes como la filmación del ataque realizado.
En enero pasado, el colectivo Aldea informó que se produce un asesinato por causas de género cada tres días.
La asociación Nina Warmi señaló que cada día se presentan 11 denuncias por violencia de género en la Fiscalía, aunque hay muchas mujeres que no denuncian.