En Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, una jueza fue destituida de su cargo por la retención indebida de fondos, acción considerada como una falta gravísima en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). La decisión la tomó el Consejo de la Judicatura (CJ).
La denuncia fue presentada el 15 de julio del 2014, por parte de la secretaria de una unidad judicial de la provincia tsáchila. Ella reportó la pérdida de USD 40 de su agenda. Este dinero correspondía a la indemnización fijada en un proceso que se tramitaba en esa dependencia.
El proceso de investigación comenzó de inmediato. Una de las diligencias fue revisar un video de seguridad en el que se observa que el dinero fue tomado por la jueza. Según el CJ, en las indagaciones ella negó tener información sobre el dinero perdido. Según el director provincial del CJ de Santo Domingo de los Tsáchilas, Marcelo Torres, con estos antecedentes, se abrió un sumario disciplinario en contra de la funcionaria.
En diciembre del 2014, la Dirección Provincial del CJ, una vez cumplidos los procedimientos administrativos, remitió un informe al Pleno de la Judicatura con la sugerencia de destitución de la jueza.
El pleno del CJ acogió la recomendación, el pasado 9 de julio del 2015. Por ello se le notificó a la administradora de justicia acerca del cese de sus funciones. “No daremos paso a la corrupción. Hago un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier acto que infrinja la ley”, refirió Torres. Él aseguró que el expediente será enviado a la Fiscalía para que esa entidad inicie una investigación penal.
