20 de agosto de 2018 00:00

Jueces destituidos, organizaciones y la UNE piden que se restablezcan sus derechos

El Cpccs divulgará esta semana la resolución sobre la Corte Constitucional. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

El Cpccs divulgará esta semana la resolución sobre la Corte Constitucional. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Mario Alexis González
Redactor
política@elcomercio.com (I)

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El Consejo de Participación (Cpccs) transitorio ha cesado a 12 funcionarios de cuatro entidades con procesos de evaluación. Varias decisiones que se tomaron respecto de esas instituciones han sido calificadas como ilegales.

Los afectados por esas decisiones han tomado las resoluciones del Cpccs-t como jurisprudencia. Y ahora van por reclamaciones ante las nuevas autoridades, para que sus derechos sean reparados.

La primera evaluación terminó en la destitución de los cinco exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Las decisiones más cuestionadas son las separaciones de jueces por error inexcusable.

El Pleno del Consejo transitorio rechazó, en su resolución, que la Judicatura hubiera tenido competencia para declarar la existencia de esa figura en las sentencias y destituir jueces. Asoció estas sanciones como parte de una dependencia judicial con la política.

El abogado Hernán Ulloa representa a más de 250 jueces destituidos por esta vía. Ellos ya solicitaron al CJ transitorio que se los restituyera. Aunque, todavía no hay una decisión.

Aquiles Rigaíl, vocal de la entidad, adelantó que la figura del error inexcusable se generó de manera “perversa” y que los jueces “deben ser restituidos a sus funciones porque de otro modo no cabe que se diga que esto está mal, pero que no se corrija la maldad”.

El segundo organismo en el que se completó la evaluación fue el Consejo Electoral (CNE); también se cesó a sus cinco exintegrantes. En esa evaluación se establecieron varias irregularidades, por ejemplo, en los procesos para quitar casilleros electorales. Y la no asignación de fondos partidarios permanentes.

Los dirigentes políticos, ahora, quieren recuperar esos derechos. María Paula Romo, dirigente de Ruptura, espera que su movimiento vuelva a ser habilitado para las elecciones.

La facción del Partido Socialista denominada Renovación, en cambio, espera que el CNE transitorio permita una nueva elección de autoridades internas. Denuncia que durante el Gobierno anterior se entregó el partido a un grupo de militantes afines al Régimen.

Camila Moreno, vocal del CNE transitorio, explica que el trabajo que realizarán durante su encargo, parte del informe del Cpccs, en donde se detallan violaciones a derechos de organizaciones. Y que está dentro de sus competencias reparar esas violaciones. Por ejemplo, ya se entregó el fondo partidario a Pachakutik.

Sobre los otros casos, se han reunido con las organizaciones y han pedido un pronunciamiento de las coordinaciones técnicas para identificar la vía para cumplir con la restitución de derechos políticos.

Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos, también fue cesado. A él se lo señaló por falta de control en el Seguro Social. Una de las críticas fue inobservar el requerimiento de una auditoría para el traspaso del fondo de cesantía del Magisterio al Biess.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha emprendido el camino para recuperar la administración del fondo. David Rosero, exconsejero de Participación y quien fue judicializado por las protestas en contra del traspaso, indicó que han pedido al propio Cpccs transitorio que interceda.

Además, esperan que la nueva administración de la ‘Súper’ de Bancos corrija el error. O que la Contraloría, a través de un examen especial a esa decisión, devuelva el fondo.

El jurista Santiago Guarderas cuestiona las atribuciones de las nuevas autoridades para dejar sin efecto resoluciones pasadas, ya que con esto se generaría inseguridad jurídica. Él recomienda que estos espacios de reclamación se emprendan a través de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, presentando acciones de lesividad.

Además, de los 12 funcionarios cesados con evaluaciones, el Cpccs ha destituido a tres por razones diferentes. En esos casos no se puede acudir a reclamaciones, ya que no existen informes sobre ilegalidades.

Esta semana se concluirán las evaluaciones a la Corte Constitucional y a Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial. Al menos en el primer caso, en el informe de evaluación se habla de discrecionalidad para tramitar demandas y otras supuestas irregularidades.

Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, sostiene que si esas aseveraciones se ratifican en la decisión del Cpccs, se puede generar responsabilidades nacionales e internacionales para el Estado, ya que se habla de violaciones de DD.HH.

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