7 de marzo de 2020 00:05

Jueces alistan el fallo en el caso Sobornos

Desde la izquierda: los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez conocen el caso Sobornos. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Desde la izquierda: los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez conocen el caso Sobornos. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Luego de que el juicio del caso Sobornos llegara a su parte final, la defensa del expresidente Rafael Correa adelantó ayer, 6 de marzo del 2020,  que si su cliente es condenado presentará “todos los recursos que están contemplados en la ley”. El Código Penal faculta a los procesados presentar figuras como la ampliación y apelación al fallo.

Por ahora, los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez preparan su veredicto sobre el delito de cohecho y deberán llamar a una nueva audiencia para dar a conocer de forma oral su decisión. Pero no hay plazos.

Por su experiencia, el penalista Pablo Encalada advierte que esa cita judicial se daría en un “par de semanas”, pues en la investigación se acumularon más de 6 000 hojas y los magistrados deben “argumentar correctamente” su pronunciamiento judicial.

Eso está normado en el Código Penal. En el artículo 619 se dice que el fallo debe contener al menos seis aspectos. Por ejemplo, una referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa de los procesados, la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada, la individualización de la responsabilidad penal y la sanción de cada una de las personas procesadas, etc.

El COIP dice que tras la diligencia en la que se anuncie oralmente el pronunciamiento, el Tribunal tiene 10 días para presentar el fallo por escrito.

Luego, los sentenciados podrán recurrir a otras figuras que la norma faculta. La última es la casación.

Es decir, de acuerdo con los plazos fijados por el COIP, el trámite entre la emisión de una posible sentencia hasta el último recurso tomaría al menos 49 días para que la pena quede en firme. Pero los penalistas advierten que estas disposiciones legales no se cumplen.

Por ejemplo, en el caso Odebrecht, la condena de última instancia en contra de Jorge Glas se dictó el 16 de octubre del 2019, es decir, un año y nueve meses después de que los magistrados Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez emitieran su informe.

El penalista Encalada advierte que solo después de la casación se habla de sentencia ejecutoriada y el procesado se queda sin derechos ciudadanos. “En el caso de los exfuncionarios públicos que sean declarados culpables y hayan agotado todos los recursos, perderán derechos de participación, entre ellos, el no poder presentarse a elecciones de votación popular”.

Eso consta en el art. 113 de la Constitución. “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado no pueden ser candidatos a elección”.

Carlos Alvear, otro de los defensores de Correa, dice que la idea de ellos es que se ratifique la inocencia de su defendido y no alargar el proceso para que pueda ser candidato. “No estamos con el calendario electoral en la mano. Pero los adversarios políticos, el Gobierno y aparentemente la Fiscalía sí están a la expectativa de ver si se candidatiza o no”.

La fiscal General, Diana Salazar, advierte que el exmandatario actuó “en pandilla”, con “dos o más personas” y que “tenía el poder máximo”.
De Glas señala que, como exministro de Sectores Estratégicos y exvicepresidente de la República, habría gestionado la entrega de fondos. “Mantenía relaciones contractuales con empresas privadas, que habrían entregado dinero en efectivo o a través de cruce de facturas. Todo fue previamente acordado por Glas”.

De Walter Solís se indica que, como secretario Nacional del Agua y Ministro de Transporte y Obras Públicas, habría gestionado y aceptado la entrega de sobornos.

Así se detallaron uno a uno los elementos encontrados durante la investigación. Igual ocurrió con los empresarios.

La Fiscalía asegura que con las pruebas presentadas se demostró que existieron niveles jerárquicos y codificaciones para cometer el delito.
Según el expediente, la estructura delictiva recaudó USD 7,5 millones. De ese monto, USD 6,5 millones se obtuvieron por cruce de facturas y USD 1 millón en efectivo.

Salazar solicita una reparación integral de USD 1 000 millones. Además, se pide que los culpables ofrezcan disculpas públicas a la ciudadanía y que publiquen la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

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