La sede judicial que opera en Quero, Tungurahua, está subutilizada. Foto: EL COMERCIO
El 2012 apenas comenzaba. El 26 de enero, la Policía allanó la oficina 510 de un edificio ubicado en el norte de Quito y adentro encontró a arquitectos y estudiantes trabajando en los bosquejos de lo que serían las unidades judiciales.
Nadie explicó qué hacían los planos de 20 edificios públicos en un bien privado. Pero la Secretaría de Transparencia advirtió que en esa oficina clandestina se ofrecían contratos con la Función Judicial; tres personas quedaron detenidas.
Seis años después, una auditoría del Consejo de la Judicatura actual indica que entre los 43 edificios que tienen problemas de subutilización están aquellos que fueron diseñados en este lugar no autorizado.
Allí están las sedes judiciales de Quero y Pelileo (Tungurahua), Pujilí (Cotopaxi), Santa Rosa (El Oro), Cayambe (Pichincha), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y Cariamanga (Loja).
En el caso de Quero, el edificio es uno de los más modernos de este cantón de Tungurahua: cuatro pisos, fachada de vidrio y cemento, 2 700 m² de construcción, en donde laboran apenas ocho funcionarios.
En su interior hay una pantalla LED en la que se indican las audiencias. El martes 27 de noviembre solo había dos: 09:00 y 10:00. Está subutilizado.
Tras el operativo realizado en la oficina 510, en el sistema judicial se abrió un proceso por lavado, pero no progresó.
La Fiscalía se abstuvo de acusar a los sospechosos y salieron libres dos meses después.
En poder de ellos se encontraron computadoras, discos duros, teléfonos y CD con estos títulos: ‘Santa Rosa’, ‘Pelileo 1MB’, ‘Ing. Wilson Chiriboga’, ‘Cayambe información’ ‘Proyectos Lenín’, entre otros.
Dentro de este caso se abrió además un expediente por peculado, pues en la oficina 510 se encontraron USD 215 000 en efectivo. Las investigaciones demostraron que el dinero era parte del anticipo que el Consejo de la Judicatura de Transición entregó a un contratista, a quien se le adjudicó la construcción de la sede judicial de Cariamanga (Loja).
Desde entonces, la Fiscalía mantiene este expediente bajo reserva. Las últimas diligencias que se solicitaron en el expediente son de mayo del 2014.
Pero ahora, la Judicatura actual confirma que durante la construcción de la unidad judicial de Cariamanga hubo un incremento de costos que no fue justificado. El monto inicial de la obra fue de USD 1,8 millones, pero terminó costando USD 2,3 millones.
Además, la rapidez con la que se adjudicó el contrato –en seis días– llama la atención de las autoridades. Todo es analizado. Hoy también se sabe que el anticipo se pagó, pese a que en el contrato había una cláusula que lo prohibía. “El anticipo que el contratante haya entregado al contratista no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación”, indica la cláusula sexta del documento.
A través de un oficio, la Fiscalía pidió a la Contraloría que certificara si existió o no una responsabilidad penal en el manejo del anticipo para construir la Unidad de Cariamanga.
Esta solicitud la hizo, pues en las conclusiones del examen especial DAPyA-0006-2014 –a través del cual se revisa esa obra– se menciona la falta de cumplimiento del administrador del contrato pues no constató el buen uso del anticipo.
La indagación además reveló cómo un juez ordenó la devolución de USD 215 000 incautados en la incursión policial.
Los estudios levantados por la Dirección de Infraestructura Civil de la Judicatura de transición también demostraron que el Complejo Judicial de Latacunga fue construido por un monto de USD 7,1 millones, “cuando en realidad debió costar USD 1,9 millones”.
En ese caso, el sobreprecio fijado por la Judicatura llegó al 72% y sus autoridades dicen que la mayoría de problemas surgió a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, que comenzó tras el mandato de la consulta popular del 7 de mayo del 2011.